SAN CRISTÓBAL:-El Procurador General de la Corte de Apelación licenciado Jesús Fernández Vélez, confirmó en exclusiva al EL NUEVO DIARIO, que la jueza presidenta del Tribunal de la Corte designó un juez de la instrucción para investigar y proceder en contra de funcionarios del ayuntamiento, acusado por la cámara de cuenta de supuesta indelicadeza por más de 76 millones de pesos, solo en el año 2012.
El funcionario dijo que la juez presidenta licenciada María Garabito Ramírez, designó al licenciado Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos, como juez de la instrucción para profundizar las investigaciones y en cuanto proceder.
Señalo, que la titular de la Procuraduría de persecución Especializada de la corrupción Administrativa, licenciada laura Pelletier envió el expediente a la jueza presidenta del Tribunal de la Corte de Apelación a comienzo de semana, y será el designado juez que dará las aplicaciones de lugar.
La cámara de cuentas permaneció por mas de dos años, realizando auditoria en el cabildo, donde hicieron recomendaciones a las autoridades para enderezar el funcionamiento del cabildo, y estos no tomaron las medidas.
Se espera que en las próximas horas el juez de la instrucción licenciado Manuel de Jesús de la Rosa, tome medidas judicial drástica en contra de funcionarios del cabildo, como impedimento de salida del país y ser interrogados sobre las supuestas indelicadeza en el cabildo que suman mas de 76 millones de pesos.
Este miércoles procuradores adjuntos de la procuraduría de Persecución Especializada de la corrupción administrativa, intervinieron el ayuntamiento en compañía de un contingente de las Fuerzas Armadas, donde incautaron decenas de documentos, en especial de la Tesoreria, de la Dirección administrativa.
Mientras, que funcionarios judiciales realizan en estos momentos un levantamiento de los bienes de funcionarios del cabildo, en San Cristóbal, y la provincia de Peravia, entre estas viviendas lujosas y fincas.
Además una fuente policial dijo al EL NUEVO DIARIO, que cinco regidores, entre ellos los últimos presidentes de la sala capitular, podrían ser interrogados, al igual que los directores administrativos, que estuvieron a cargo el suministro y pago de combustibles que supera los 40 millones de pesos.
Autor Carlos Corporán.
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