La decisión fue tomada por los jueces Mildred Hernández, Diómedes Villalona y Joaldo Hernández, luego de que los abogados de Salud Pública pidieran al tribunal la posposición del caso para posteriormente presentar las pruebas del referido proceso, petición a la que se opusieron los representantes legales de profesional de la medicina.
Julio Hernández, abogado de la parte accionante, calificó de “improcedente” la decisión de los jueces, y criticó que Salud Pública no haya presentado las pruebas para justificar su medida a pesar que interpusieron el recurso el pasado 17 de mayo.
Aseguró que el Ministerio de Salud Pública violó los derechos fundamentales garantizados en la Constitución de su cliente, porque suspendió el exequátur sin existir acusación en ese momento y sin una sentencia definitiva.
Acusó a Salud Pública de actuar de forma “abusiva” contra el cirujano, provocando que su cliente pierda muchos clientes porque le mantiene suspendido su exequátur.
De su lado, el abogado Juan José de Salud Pública, dijo que al ser la primera audiencia era evidente que los jueces aplazaran el conocimiento para que diera tiempo presentar las pruebas.
Contreras, quien se hizo acompañar de su esposa Merfry Then, explicó que la decisión de Salud Pública forzó a su clínica a “poner en cesantía” a alrededor de 70 empleos. Además, que lleva dos meses sin ejercer la profesión, provocando que dejara de percibir cientos de miles de pesos.
Fuente 7dias
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