16 de marzo de 2015

Una multitud marchó contra la corrupción y pidió juicio político a presidenta de Brasil

Cerca de un millón y medio de brasileños protestaron pacíficamente contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo cóctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras. 

La mayor protesta tuvo lugar en Sao Paulo, que convocó a un millón de personas, según la Policía, vestidas en su mayoría con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña.

Las manifestaciones congregaron a otro medio millón de personas en unas 83 ciudades, en protestas que igualaron el tamaño de las celebradas en junio de 2013, cuando los brasileños salieron espontáneamente a las calles para pedir el fin de la corrupción y más gastos en transporte, salud y educación, en vez de invertir en la Copa del Mundo.

Gran parte de los manifestantes reclamaron ayer el impeachment (destitución) de la Presidenta, que comenzó su segundo mandato hace menos de tres meses tras ser reelecta en octubre por un margen de apenas 3%. 

Y muchos pidieron incluso una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), una paradoja en este día en que se cumplen justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar que inició en 1964 y terminó en 1985.

Las protestas son también bastante mayores que las convocadas el viernes en apoyo de Rousseff y Petrobras por sindicatos y movimientos sociales afines al PT, que reunieron a 175.000 personas según organizadores y 33.000 de acuerdo con la Policía.

Caos. Entre 45.000 y 50.000 personas se dirigieron hacia el Congreso en Brasilia. En otras urbes además hubo marchas. La avenida frente a la famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro fue colmada varias cuadras por unas 15.000 personas —según la Policía— que coreaban “¡Fuera Dilma, fuera PT!” y juntaban firmas para destituir a la Mandataria. 

Algunos pidieron a los militares que se hagan cargo del país. Varios politólogos brasileños se vieron obligados a explicar en los últimos días en la prensa local que es imposible tener una “intervención militar constitucional”.

La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y la Presidenta enfrenta una situación complicada en varios frentes. La economía creció muy poco en los últimos cuatro años y está estancada, hay déficit de cuentas públicas e inflación elevada (7,7% en 12 meses), y el real se devaluó casi 30% en un año. El Gobierno impulsa un ajuste fiscal, pero esto disgusta a su vez a parte de la izquierda.

A esto se suma la tensión política por el inmenso esquema de corrupción develado en Petrobras, el mayor en la historia de Brasil. Decenas de políticos —incluidos 22 diputados, 13 senadores y dos gobernadores actuales— son investigados por su supuesto envolvimiento en la trama. La mayoría son de la coalición gobernante.

Fuente larazón

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