Además de la serie de irregularidades cometidas en esa venta, ampliamente documentadas por el Senado, en esa transacción se cometió otra grave violación, en vista de que las leyes dominicanas prohíben a un extranjero adquirir un medio de comunicación en el país.
En respaldo a la posición asumida por los senadores, la Cámara de Diputados emitió en semanas recientes una resolución donde exige la nulidad de la venta, reclamo que ha sido ignorado por el Fantasma, ya que asumido el control total y absoluto.
Uno de los puntos principales en que se basa el reclamo de nulidad es que la operación estuvo viciada desde sus inicios porque como entraña el control de una frecuencia de televisión, que es propiedad del Estado, debió contar con la autorización del ente regular, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Esta solicitud nunca fue presentada ante ese organismo, que admitió la existencia de tal irregularidad en una declaración pública.
Observadores de esta situación, preocupados porque se enajene en manos foráneas, una televisora que es patrimonio del pueblo dominicano, se preguntan con qué poder cuenta “El Fantasma” para burlar todos estos requerimientos y por qué las autoridades no han procedido a la rescisión de la venta, como sucedió en Puerto Rico, que fue anulada una negociacion similar.
Otra pregunta que plantea interrogantes sin respuestas, es la razón por las cuales la comisión liquidadora de los bienes de Baninter, entre los cuales formaban parte Antena Latina, declaró desierta en más de una ocasión el proceso cuando correspondía a otras propiedades publicas.
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