Una mujer de Carolina del Norte supuestamente utilizó un préstamo de ayuda empresarial de $149,000 dólares de la COVID-19 para ir de compras a tiendas de lujo e incluso comprar diamantes.
Jasmine Johnnae Clifton, de 24 años, compareció el lunes ante el tribunal tras ser acusada de dos cargos de fraude por utilizar un negocio que ya no existe para obtener fondos de ayuda a través de un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas, según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte.
Según el documento la mujer residente de Charlotte solicitó el año pasado un Préstamo por Daños Económicos (EIDL), que está destinado a ayudar a las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19, afirmando que su negocio de ropa en línea, Jazzy Jas, necesitaba ayuda. Sin embargo, el negocio había cerrado un año atrás.
La solicitud de Clifton, que además incluía información falsa sobre los ingresos y un documento fiscal fraudulento, fue aceptada y recibió la ayuda.
Según la fiscalía, la mujer utilizó el dinero para hacer compras en una serie de tiendas de lujo como Nordstrom, Ikea, Louis Vuitton y Best Buy, entre otras. Clifton también habría realizado compras en varias tiendas de diamantes.
Un gran jurado acusó previamente a Clifton de cargos de fraude electrónico en relación con una prestación por catástrofe y de fraude en relación con prestaciones por catástrofe grave o de emergencia el 17 de febrero.
Clifton podría enfrentar hasta 30 años de prisión por cada uno de sus cargos y además de tener que pagar una multa de $1,000,000 de dólares por el cargo de fraude electrónico en relación con una prestación por catástrofe. También podría pagar una multa adicional de hasta $250,000 dólares por el fraude en relación con las prestaciones por emergencias.
Clifton compareció ante el tribunal el lunes y quedó en libertad bajo fianza.
La Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte y el Departamento de Justicia señalaron que no es el único caso que se ha presentado y “permanecen vigilantes en la detección, investigación y persecución de las infracciones relacionadas con la pandemia de COVID-19”.
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