La advertencia llega luego de que el gobierno federal publicara recientemente una notificación para extender el TPS en medio de una batalla legal en las cortes federales.
“Lo más importante es que la gente sepa que se debe volver a registrar inmediatamente, si no lo hizo durante la última fecha límite para sus países”, dijo Melissa Taveras, vocera de la Coalición de Inmigrantes de la Florida.
“Hay gente que no renovó su inscripción por confusión o por miedo. Pero se están arriesgando a quedarse indocumentados, sin permiso de trabajo y sin licencia de conducir”.
Las personas que sí renovaron su TPS seguirán protegidas bajo ese estatus y no es necesario que presenten una nueva solicitud, explicó Taveras.
“Si ya lo habían renovado no tienen que hacer nada más, así que no se dejen engañar por personas que quieran cobrarles para ayudarles a hacer esos trámites”, advirtió Taveras. “Los empleadores deben, por ley, seguir aceptando su permiso de trabajo”.
[Para leer el anuncio del gobierno en el Registro Federal pulse aquí]
Para cumplir con la orden de un juez, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el Estatus de Protección Temporal para los beneficiarios de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán hasta al menos el 2 de abril del 2019. La fecha límite deberá seguir extendiéndose mientras la orden del juez permanezca vigente.
Pero la extensión solo cubre a las personas que habían renovado el beneficio durante la última fecha límite otorgada por el gobierno del presidente Donald Trump, cuando anunció el fin gradual de la protección temporal TPS.
Poco después del anuncio de Trump, grupos de derechos civiles y de defensa a los inmigrantes demandaron al gobierno federal, argumentando que la decisión fue racista y discriminatoria. A principio de octubre, un juez de California emitió la orden del tribunal que bloqueó los planes del gobierno de Trump de poner fin a esa protección.
El juez Edward Chen emitió la orden un mes antes de que se venciera el TPS para el primer grupo de beneficiarios, los inmigrantes de Sudán. Los nicaragüenses serían los próximos, en enero del 2019.
Activistas de grupos proinmigrantes explicaron que por miedo o confusión, cientos de personas no aprovecharon la oportunidad de renovar el beneficio una última vez, incluyendo muchos haitianos que viven en el sur de Florida. En el anuncio de extensión, el gobierno estipuló aceptar las solicitudes de las personas que no se volvieron a registrar por una “buena razón”, lo que significa que el TPS debe renovárseles. Para hacerlo deben presentar el formulario I-821.
“Estoy exhortando a los beneficiarios del TPS que no se registraron en el 2017 y el 2018 por miedo, a que lo hagan ahora. Esta es su última oportunidad; si no la aprovechan estarían totalmente desprotegidos”, advirtió Marleine Bastien, directora ejecutiva de Family Action Network Movement (FANM).
Hasta ahora, los beneficiaros del TPS de Honduras y Nepal no están incluidos en la extensión otorgada por el gobierno, ni en la orden del juez Chen, ya que el gobierno no había anunciado la terminación del programa para esos países cuando se presentó la demanda en California. Una demanda similar en Massachusetts incluye a los inmigrantes de esos países, pero hasta ahora no se ha emitido una orden similar en ese sentido.
El TPS para los nepalíes se vence en junio del 2019 y para los hondureños en enero del 2020.
Por años, el gobierno de Estados Unidos permitió que casi 300,000 inmigrantes centroamericanos, haitianos y de varios países en África vivieran en EEUU amparados de la deportación y con permisos de trabajo, bajo el programa TPS. La protección es otorgada a ciudadanos de países afectados por desastres naturales –como el huracán Mitch de 1998 o el terremoto del 2010 en Haití– o conflictos armados.
En noviembre del 2017 el gobierno de Trump anunció que solo permitirían una renovación más para los acogidos a esa protección, argumentando que las condiciones de esos países ya han mejorado. Las personas que tuvieran el TPS y no buscaran otra vía legal para quedarse en el país podrían ser deportadas, advirtió el gobierno.
Aunque el gobierno otorgó la extensión tras la orden judicial que logró detener la terminación del programa, es solo un alivio temporal para los beneficiarios. El gobierno ya presentó una apelación a esa orden ante un tribunal superior, por lo que podría ser revertida.
En ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional otorgaría un tiempo adicional o “periodo de transición ordenado” para que los beneficiarios abandonen el país, según el anuncio en el Registro Federal.
Las personas que sí renovaron su TPS seguirán protegidas bajo ese estatus y no es necesario que presenten una nueva solicitud, explicó Taveras.
“Si ya lo habían renovado no tienen que hacer nada más, así que no se dejen engañar por personas que quieran cobrarles para ayudarles a hacer esos trámites”, advirtió Taveras. “Los empleadores deben, por ley, seguir aceptando su permiso de trabajo”.
[Para leer el anuncio del gobierno en el Registro Federal pulse aquí]
Para cumplir con la orden de un juez, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el Estatus de Protección Temporal para los beneficiarios de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán hasta al menos el 2 de abril del 2019. La fecha límite deberá seguir extendiéndose mientras la orden del juez permanezca vigente.
Pero la extensión solo cubre a las personas que habían renovado el beneficio durante la última fecha límite otorgada por el gobierno del presidente Donald Trump, cuando anunció el fin gradual de la protección temporal TPS.
Poco después del anuncio de Trump, grupos de derechos civiles y de defensa a los inmigrantes demandaron al gobierno federal, argumentando que la decisión fue racista y discriminatoria. A principio de octubre, un juez de California emitió la orden del tribunal que bloqueó los planes del gobierno de Trump de poner fin a esa protección.
El juez Edward Chen emitió la orden un mes antes de que se venciera el TPS para el primer grupo de beneficiarios, los inmigrantes de Sudán. Los nicaragüenses serían los próximos, en enero del 2019.
Activistas de grupos proinmigrantes explicaron que por miedo o confusión, cientos de personas no aprovecharon la oportunidad de renovar el beneficio una última vez, incluyendo muchos haitianos que viven en el sur de Florida. En el anuncio de extensión, el gobierno estipuló aceptar las solicitudes de las personas que no se volvieron a registrar por una “buena razón”, lo que significa que el TPS debe renovárseles. Para hacerlo deben presentar el formulario I-821.
“Estoy exhortando a los beneficiarios del TPS que no se registraron en el 2017 y el 2018 por miedo, a que lo hagan ahora. Esta es su última oportunidad; si no la aprovechan estarían totalmente desprotegidos”, advirtió Marleine Bastien, directora ejecutiva de Family Action Network Movement (FANM).
Hasta ahora, los beneficiaros del TPS de Honduras y Nepal no están incluidos en la extensión otorgada por el gobierno, ni en la orden del juez Chen, ya que el gobierno no había anunciado la terminación del programa para esos países cuando se presentó la demanda en California. Una demanda similar en Massachusetts incluye a los inmigrantes de esos países, pero hasta ahora no se ha emitido una orden similar en ese sentido.
El TPS para los nepalíes se vence en junio del 2019 y para los hondureños en enero del 2020.
Por años, el gobierno de Estados Unidos permitió que casi 300,000 inmigrantes centroamericanos, haitianos y de varios países en África vivieran en EEUU amparados de la deportación y con permisos de trabajo, bajo el programa TPS. La protección es otorgada a ciudadanos de países afectados por desastres naturales –como el huracán Mitch de 1998 o el terremoto del 2010 en Haití– o conflictos armados.
En noviembre del 2017 el gobierno de Trump anunció que solo permitirían una renovación más para los acogidos a esa protección, argumentando que las condiciones de esos países ya han mejorado. Las personas que tuvieran el TPS y no buscaran otra vía legal para quedarse en el país podrían ser deportadas, advirtió el gobierno.
Aunque el gobierno otorgó la extensión tras la orden judicial que logró detener la terminación del programa, es solo un alivio temporal para los beneficiarios. El gobierno ya presentó una apelación a esa orden ante un tribunal superior, por lo que podría ser revertida.
En ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional otorgaría un tiempo adicional o “periodo de transición ordenado” para que los beneficiarios abandonen el país, según el anuncio en el Registro Federal.
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