Se realizan labores de pintura, limpieza de alfombras, así como acondicionamiento de distintas áreas de los parqueos.
En el salón de sesiones del Senado, empleados provistos de aspiradoras se ocupaban de embellecer el lugar.
El 27 de febrero de 1844, hace 173 años, fue izada por primera vez la Bandera Nacional por el prócer de la Patria, Francisco del Rosario Sánchez.
En cumplimiento a lo que establece la Constitución, el presidente de la República debe rendir cuentas al país sobre sus ejecutorias.
Además por el Día de la Independencia Nacional la Comisión de Efemérides Patrias realiza varias actividades alusivas a la fecha.
En este acontecimiento histórico que dio nacimiento a la República Dominicana se destacaron los próceres Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Juana Saltitopa, entre otros.
En tanto las expectativas están centradas en el discurso que pronunciará el presidente Danilo Medina, esperando que se refiera al escándalo por los sobornos de funcionarios públicos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Igualmente se espera que se refiera al conflicto por las observaciones que hizo al proyecto de Código Penal, en lo referente al aborto y los escándalos con la venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en Los Tres Brazos y San Pedro de Macorís.
Mientras que la dirección de prensa del Senado inició ayer la entrega de carnets a los medios de comunicación y periodistas que darán cobertura al acto de presentación de memorias del mandatario, el próximo 27 de febrero.
De su lado el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó que el jefe del Estado hablará sobre la situación generada en torno la empresa constructora Odebrecht.
Sin embargo, no adelantó comentarios en ese sentido, y se limitó a decir que hay que esperar ese momento.
Sostuvo que tal y como establece el artículo 114 de la Constitución de la República, el mandatario debe rendir cuentas de los resultados económicos del último año.
El escándalo estalló luego que la constructora admitió haber pagado 92 millones de dólares en soborno para la lograr la asignación de contratos de obras del Estado en República Dominicana durante el período 2001-2015.
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