El Magistrado Manuel Antonio Ramírez dijo que dicha medida fue impuesta por el arraigo de los imputados Ramón Antonio Soto y el chofer Alexander Vargas y aunque se le impuso impedimento de salida, esto no le impide al alcalde realizar sus labores. De inmediato, el abogado del ejecutivo municipal consideró como extrema la medida de coerción.
La garantía económica deberá ser depositada en el Banco Agrícola de la República Dominicana, además, los imputados deberán presentarse al tribunal el último viernes de cada mes.
El síndico no ofreció declaraciones al término del conocimiento de la coerción.
El apresamiento se produjo el pasado martes en el chequeo militar de la comunidad de El Carril en la carretera San Juan, Barahona,
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