Escrito por Fausto Jimenez
La demanda, por un total de 5 millones, 10,400, fue interpuesta por medio a acto de alguacil del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra dicha organización en respuesta a que dejaron al mencionado jugador en la llamada lista “restringida”.
Villalona fue absuelto en diciembre pasado por un tribunal de La Romana de cargos por homicidio de un hombre acaecido en el 2009 en un colmadón de la ciudad, tras un proceso en el que habría llegado a un acuerdo con los familiares del occiso.
Sin embargo, la organización de las Mayores lo ha dejado en una especie de “limbo” laboral, sin recibir salarios ni mucho menos contestar la voluntad del jugador a continuar el desarrollo de su carrera, que inició en el 2006, cuando fue firmado al profesionalismo.
El jugador denunció por medio a sus representantes legales, la doctora Miosotis Sansur Soto y licda. Carolina Manzano Rijo, que ha incurrido en gastos cotidianos para mantener su nivel de juego, y que fruto de eso, varias organizaciones se le han acercado en vano para ofertarle contrato, debido a la restricción impuesta por los Gigantes.
Otra de las motivaciones para dicha demanda incoada por Villalona, es que éste ha sido embargado de la casa en que habita por falta de pagos por préstamos hipotecarios tomados a entidades bancarias.
De acuerdo al parte de los demandantes, Villalona tuvo un encuentro hace unos siete meses con representantes legales de la organización, pero que desde entonces no recibe respuestas sobre su estatus definitivo con los Gigantes.
También, resaltan que la Mayor League Baseball ya dio su visto bueno al jugador, declarándolo no restringido para seguir realizando sus labores profesionales.
Tras ser encontrado culpable en primera instancia del asesinato de Mario Félix de Jesús Velete en el establecimiento comercial, los representantes de Villalona habrían llegado a un acuerdo con los familiares por un millón de pesos, con lo cual la acción de la justicia fue desestimada.
Sin embargo, a raíz de los acontecimientos judiciales, el Ministerio Público anunció que daría seguimiento al caso, para evitar que en sucesos posteriores se repitiera la jurisprudencia de “olvido” por dinero.
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