Esta última Ley tiene como objeto establecer los mecanismos para proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, que puedan impedir el incumplimiento de las obligaciones asumidas, y lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes, mediante los procedimientos de reestructuración o liquidación judicial
También busca establecer el marco jurídico aplicable en cuanto a la cooperación y coordinación de los procesos de reestructuración o insolvencia transfronterizos.
En tanto que la ley que regula el CES lo reafirma como órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, con carácter nacional, intersectorial, interterritorial y permanente. Estará adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El CES tiene como función examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad dominicana, tanto por iniciativa propia como a solicitud del Presidente de la República.
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