José Mercedes Martínez Emiterio, contra quien en meses pasados el magistrado Medrano dictó medidas de coerción consistente en prisión domiciliaria, razón por la cual fue destituido y en su lugar ocupa las funciones la vice alcaldesa de las Terrenas, fue favorecido con una variación de la medida a pago de una garantía económica, llegó temprano apostándose frente al palacio de justicia, procediendo a encadenarse.
“Yo prefiero suicidarme antes de presentarme de nuevo frente al juez Claudio Anibal Medrado, porque considero que mis derechos fueron violentados”, refirió.
“Yo no tengo garantía de defender mis derechos, porque tengo prisión domiciliaria por 10 meses de manera injusta”, dijo.
Para este miércoles día 14 de enero, el ex–alcalde fue citado para comparecer ante la Corte de Apelación, tribunal que conocerá la audiencia preliminar sobre la acusación que pesa en su contra de un fraude millonario en el cabildo de las Terrenas,.
Advirtió que será a un cadáver que van a juzgar, porque solo muerto pisará ese espacio presidido por Magistrado Medrano, a quien acusó de acabar con su moral, con su familia y sus seguidores.
Dijo que el juez Medrano ha sido condescendiente con otros casos, pero con él ha sido drástico, ya que es amigo de la actual alcaldesa de las Terrenas a quien obedece sus directrices.
El ex alcalde se presentó al palacio de justicia de San Francisco de Macorís, en compañía de un grupo de personas y ex funcionarios del cabildo durante su gestión.
Se recuerda que el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este departamento judicial, dispuso 10 meses de prisión domiciliaria contra del alcalde del municipio de Las Terrenas, José Mercedes Martínez Emeterio, como medida de coerción al encontrar indicios que lo comprometen en un desfalco de más de 14 millones de pesos, detectado a través de una auditoria de la Cámara de Cuentas.
El magistrado Claudio Aníbal Medrano, además del arresto domiciliario, dispuso en contra de Martínez, impedimento de salida del país y visita periódica a la procuraduría de la Corte, atendiendo a las disposiciones de los 1, 2 y 3 del código procesal penal.
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