La Magistrada Cecelica Badia, condena además tanto a la fiscalía de Santiago como a Liranzo al pago de un astreinte de diez mil pesos (RD$10,000.00), por cada día que tarde en entregar el vehículo cuya devolución se ordena.
Se recuerda que después de una huelga los días 1 y 2 de Julio de este año, la fiscalía de Santiago, valiendo de agentes de la DNCD, realizo varios allanamientos en Licey al Medio, lo que los dirigentes populares denunciaron como otra tentativa del gobierno de no responder a las demandas comunitarias.
Pese a que la fiscalía no encontró nada ilegal en ninguno de los allanamientos, retuvieron varios vehículos y no han valido los esfuerzos para que los mismos sean devueltos.
En esa situación, uno de los propietarios, Luis Alberto Vazquez, a través de los abogados del Comité Unidos para Vencer (CUPAVE), decidieron ir ante un juez de amparo, quien finalmente ordeno la devolución.
Sostienen los dirigentes comunitarios que es penoso que la fiscalía tenga que esperar una decisión del juez de las garantías constitucionales para poder cumplir con la ley, lo que demuestra que esta fiscalía y su titular no son más que violadores de los derechos de los ciudadanos.
Fuente citysantiago.com
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