Una pareja de nacionalidad italiana fue apresada cuando alegadamente trataba de salir del país con un bebé de cuatro meses de nacido, el cual, según las investigaciones, fue comprado por 10 mil euros, informaron fuentes oficiales.
El Ministerio Público acusa a Rodolfo Subrizi y Lucila Magnanti y a otras personas de formar parte de una red de tráfico de menores.
Una nota de la entidad señala que la pareja fueron apresada tras una inteligencia dirigida por el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez, a través de la cual daban seguimiento a los también apresados Gabriela Isabel Peralta Gómez, madre del menor, y Regalado Guzmán Cordero, quien según las investigaciones hacía posible la adjudicación del niño a la pareja extranjera, realizando los trámites requeridos en diversas instituciones.
Igualmente, fueron apresados Rosanna de Lucas García (a) Chana y Fabio Antonio López Alcequiez, a quienes se les imputa hacer el contacto directo con los extranjeros que venían al país a comprar a los infantes.
“Esta red que funcionaba en el municipio de Cabrera, María Trinidad Sánchez, tenía como “modus operandi” establecer el contacto y seguimiento a ciudadanos de otras naciones a quienes ofertaban la posibilidad de adquirir niños recién nacidos, aun estando la madre en proceso de gestación, y mediante acuerdos los interesados se hacían responsables de los gastos de la maternidad y a la vez pagaban la suma de 10 mil euros”, explicó, Jonathan Baró.
Contra todos los implicados las autoridades solicitaron como medida de coerción prisión preventiva, sin embargo, solo Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta Gómez, madre del menor, y Regalado Guzmán Cordero, fueron enviados a prisión por tres meses. Contra Fabio Antonio López Alcequiez, se impuso garantía económica de 300 mil pesos e impedimento de salida.
En cuanto a los nacionales italianos, a Rodolfo Subrizi también le fue impuesta una garantía económica de 300 mil pesos e impedimento de salida y a la señora Lucila Magnanti, por cuestiones de salud, la jueza entendió que no había necesidad de colocarle medida alguna.
Fuente: elcaribe.com.do
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