Tras dictar la orden, su abogado, Thomás Alberto Lorenzo, denunció que se han producido violaciones constitucionales en contra de su defendido, quien está acusado de infringir la ley que prohíbe el tráfico y comercio de drogas, así como la relativa al lavado de activos.
Según había explicado el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Julio César Souffront Velázquez, él remitió un informe al jefe de la Policía Nacional en el que asocia a gran parte de la dotación policial de San Cristóbal y a tres de sus agentes con la desmantelada red de microtráfico que lideraba Pozo.
En un documento agradeció el apoyo del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, en las investigaciones que dieron como resultado el desmantelamiento de la supuesta red de microtráfico y el desvelamiento de algunos miembros de la dotación de San Cristóbal y tres agentes de la DNCD.
Informó que las implicaciones de los miembros de la Policía con la supuesta red fue posible tras una labor que arrojó las evidencias de la complicidad con la que actuaban los agentes con el negocio ilícito del narcotráfico y lavado de activos en San Cristóbal.
Fuente/ noticiassc.com
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