El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, sostiene que la imputación a la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en específico La Nueva Victoria.
El abogado Carlos Balcacér indica que Jean Alain “está preso porque los inodoros no descargan o las pinturas en algunas edificaciones se descascararon. Ese es el verdadero crimen, su apresamiento y no poner en funcionamiento esa obra.
Explican que la transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente, cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión lo que la PEPCA, ha entorpecido con una falsa acusación.
Asimismo, confirman que las contrataciones iniciales se llevaron a cabo bajo un proceso diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo con lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas seis (6) empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
Agregan que el ex Procurador está privado de libertad sin haberse realizado la auditoría que indique si hubo irregularidades.
De igual manera sostienen que para auditar no hay que parar una obrar ni cerrar una institución generando millones de pesos en pérdidas al Estado, por cuyos graves daños deberá responder la PEPCA y no el ex Procurador ni la actual Procuradora al asumir correctamente las mismas y hasta mayores responsabilidades legales.
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados.
Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de licitaciones regulares, donde ganaron las mejores empresas y ofertas con cientos de participantes y ninguna impugnación de las demás decenas de empresas que participaron en el proceso por eso la Procuradora General, Miriam Germán Brito ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales. Estas construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo realizados por prestigiosas empresas del país, contemplando que los terrenos si son aptos para construir al igual que en los alrededores se construyeron importantes zonas francas, el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Gustavo Biaggi Pumarol.
De igual manera reafirman que dentro de los contratos se estable que son los contratistas los eventuales responsables cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial.
“No entendemos porque esta nueva administración si ha identificado los vicios, que no creemos ciertos, no requiere a los contratistas el supuesto cumplimiento de dichas cláusulas, las cuales están totalmente cubiertas por un acuerdo contractual, mientras nuestro cliente sigue privado de libertad, sin haber puesto un solo block”, manifestó Francisco Franco.
Puntualiza que los contratos, firmados por ambos procuradores, contemplan importantes cláusulas de cobertura para daños y fallas, amparadas y protegidas además con pólizas de fiel cumplimiento y vicios ocultos.
La Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes y una directora encargada, el penal dotado con sistema de agua, energía y generadores eléctricos, decenas de vehículos, motocicletas, autobuses, camas y colchones, sistema de comunicación y seguridad, miles de cámaras y computadoras, ropa de cama, cocinas y sus enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas, biblioteca con más de 30,000 libros, más de 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, gimnasios equipados, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes, vestimenta para privados de libertad entre otros.
Aseguran se entregó todo absolutamente nuevo con la responsabilidad de los contratistas de finalizar la segunda fase en menos de 30 días, para una capacidad total de más de 8,700 internos con un precio ya cerrado, dejando la pasada gestión más de 300 millones en cuentas para saldar los compromisos pendientes con esos contratistas.
Lamentan que en el mismo mes de agosto del 2020 personal de la Procuraduría haya ordenado destruir mas de 50 layas de mármol ubicadas a nivel nacional en cada obra donde se hacia constar que habían sido realizadas en la gestión del 2016-2020.
Destruyeron también el letrero de bienvenida en piedra de casi 100 metros de La Nueva Victoria y le llamaron “gallinero” sin haberla visitado y hasta le cambiaron el nombre a “Las Parras” para luego abandonarla generando pérdidas millonarias al estado dominicano y un daño al sistema, mientras los internos que esperan la operatividad de esas obras mueren a disparos o apuñalados.
Indicaron que las actuales autoridades utilizan la excusa de que han paralizado las obras para que la Cámara de Cuentas realice una auditoría revela la mal sana intención del órgano persecutor, ya que perfectamente podría realizarse dicha auditoría sin detener la obra revisando las cubicaciones, costos y entregas, como las realizan todas las instituciones, sin detener su operación.
Sustenta que el expediente es contradictorio y sin fundamento y que da pena que a pesar de que la PEPCA reconoce las condiciones de los recintos penitenciarios, diciendo que existe más de un 800 por ciento de hacinamiento, no se haya trasladado a la fecha un solo interno por el malsano interés de no reconocer una obra, generándose muertes y miles de personas continuando en un estado inhumano y deplorable.
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