El exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent Maisichell, señalado como cabecilla de una red de fraude instalada en esa institución, consideró este viernes que el Ministerio Público ha sembrado injusticia y odio en la sociedad al acusarlo falsamente de haber cometidos actos ilícitos mientras fue funcionario.
Durante el conocimiento de una audiencia de revisión de medida de coerción, el imputado aseguró que no tiene nada que ver con el entramado corrupto que defraudó a los dueños de banca y a jugadores con más de RD$500 millones. Este entramado fue desmontado mediante la Operación 13.
Luis Dicent Maisichell advirtió que por más tiempo que pase en prisión, algún día le concederán la libertad pura y simple.
“Pasarán los años que tengan que pasar, y si aquí en este país hay justicia, un día tendrán que decidir mi libertad pura y simple. Yo no he hablado nunca con los imputados y el único pecado mío fue que, al que yo denuncié dijo que yo le dije... No tengo que ver nada con esto, pero que sigan y que la sociedad pague la consecuencia de sembrar odio e injusticia, porque esto es una injusticia, la fiscalía ha sembrado injusticia.
Hagan su trabajo y recuerden que Dios existe, que me muera al salir de esa puerta si yo tuve algo que ver con esto”, reclamó el exfuncionario en audiencia.
Durante la audiencia que se desarrolló en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los imputados Luis Dicent; el expresidente de Fenabanca, William Rosario y Eladio Batista Valerio, quienes guardan prisión en la cárcel de Najayo solicitaron a la jueza Solange Vásquez que le varíe la medida cautelar.
A través de sus abogados, estos imputados presentaron certificaciones de negocios, de domicilio, documentos de no antecedentes penales, certificaciones de alcaldes y concejales como presupuestos para argumentar que tienen arraigos suficientes para someterse al proceso sin estar en la cárcel.
Los demás señalados en el fraude que están en arresto domiciliario y con otras medidas de coerción solicitaron que se mantenga esta medida cautelar mientras concluye la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
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