Según un comunicado de la Procuraduría General de la República, tan pronto el convenio sea aprobado por la instancia judicial la empresa extranjera entregará información detallada sobre los sobornos que ante la Justicia de Estados Unidos admitió haber pagado en el país.
El acuerdo para la aplicación del Procedimiento Penal Abreviado contra la empresa Brasileña de Aeronáutica S.A., fue depositado la tarde de ayer en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Revelará culpables
La Procuraduría informó que el juicio abreviado permitirá que Embraer proporcione los pormenores del mecanismo utilizado para efectuar los desembolsos, los datos sobre las transacciones e identificar a las personas que habrían intervenido en la recepción de ese dinero y quiénes se beneficiaron.
Acusados
Con relación a este caso están sometidos a la Justicia al ex-ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el ex-director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, Félix Del Orbe Berroa y las empresas Magycorp y 4D Business Group. Las negociaciones sobre la compra de los ocho aviones fueron iniciadas en 2010 durante el Gobierno del ex-presidente Leonel Fernández.
Desde ese entonces, la Justicia de Estados Unidos investiga a Embraer por supuestamente pagar los US$3.5 millones en sobornos por compra de aviones.
El Ministerio Público informó que el pasado lunes Embraer pagó al país la suma de US$7 millones, equivalente a la sanción económica máxima imponible localmente para el delito, de acuerdo a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, suma que fue depositada provisionalmente en una cuenta bancaria de la institución.
Indicó que en caso de que la aplicación de este juicio penal abreviado sea aprobado por un juez, esos recursos serán integrados al presupuesto del Ministerio Público destinado a fortalecer la investigación, prevención y persecución de los crímenes y delitos, además de la humanización del sistema penitenciario dominicano, en apego a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto.
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