Los auditores de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) empezarán a comparecer ante el Ministerio Público de la provincia Santo Domingo para explicar sus funciones en esa dependencia del Estado.
La fiscal Olga Diná Llaverías fue apoderada por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de la auditoría que envuelve más de 9 mil millones de pesos.
Los auditores designados por la Contraloría General de la República eran los responsables del control interno en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que según la Cámara de Cuentas debieron evitar pagos irregulares a proveedores como avances a contratos por montos superiores a lo previsto por la normativa, irregularidades en los domicilios de las empresas contratadas y declaraciones de urgencia sin observar las disposiciones de la ley.
Esas eran algunas de las irregularidades más frecuentes que se cometían en la OMSA y que a juicio de la Cámara de Cuentas el personal de la Unidad de Auditoría Interna, debió establecer controles.
Según el oficio de la Controlaría General de la República remitido a la Cámara de Cuentas, número IN-CGR-2018-000465, del 30 de enero, el personal lo integraban Clitenes del Carmen Pérez, Isidro González, Mario Reyes, Altagracia Ynés López Almonte, Cruz Antonia Ferreira, Miguel Manzano Carpio, Juan Manuel Ramos Peña, Elida Zapata Mercedes, Marta Maribel Beato Ortiz, Luz Cruz Díaz, José Ramón Reyes, Fernando Aníbal Encarnación Alcántara, Teófilo Ricardo Lantigua, Rafael Radhamés Mejía Cabral y Ramona Modestina Céspedes.
La OMSA recibió ingresos por un monto de 9, 731 millones 120,353 pesos, en un período de cinco años, los cuáles eran erogados sin sustento por la documentación correspondiente, adjudicación de contratos de manera directa y adquirieron bienes y servicios a personas vinculadas a los principales funcionarios.
De acuerdo al informe de la investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas a la OMSA, durante el período 22 de agosto de 2012 al 17 de octubre de 2017 de los recursos gastaron 9 mil 092 millones 694 mil 185 pesos.
En las erogaciones que eran supervisadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República fueron emitidas 3 mil 535 órdenes de compras sin realizar contratos a 33 proveedores por un monto ascendente a 2 mil 157 millones 174 mil 862 pesos.
Ausencia de gestión de riesgos derivados de la operatividad de los diferentes procesos, falta de elaboración de contratos que avalen las operaciones, desembolso realizados por concepto de adquisiciones de bienes que se mantienen en tránsito por un período superior a un año.
“Las situaciones descritas han impactado de manera negativa el patrimonio público y han causado graves perjuicios económicos a la entidad”, precisa el informe.
Indica además que las gestiones de los principales funcionarios se presentan al margen de la Constitución de la República y la ley, las cuáles tienen un carácter del orden público.
La auditoría especial a la Cámara de Cuentas encontró faltas graves que según los investigadores evidencian la existencia la existencia de debilidades importantes en la operatividad de la gestión contable financiera y del control interno.
Según la conclusión de la investigación, la primera es la inobservancia de las disposiciones legales relativas al ejercicio de la Función Pública; segundo, realizó desembolsos por concepto de pagos por adquisiciones de bienes y servicios, no sustentados por la documentación correspondiente; tercero, adjudicaron contratos de manera directa sin observar los procesos de selección previstos por la ley; y cuarto, adquisición de bienes y servicios con personas y empresas vinculadas a los principales funcionarios de la entidad.
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