La magistrada Aleyda Jiménez Acosta, durante su primer encuentro con los medios de comunicación tras ser suspendida en sus funciones por la Procuraduría General de la República, dijo que frente al caso de Castillo Paniagua, dispuso el cambio de la pena, motivada a que varios médicos de instituciones tanto de esta ciudad como de Santiago, emitieron certificaciones de que la enfermedad del prisionero era real.
Dijo que tomó la decisión conforme a las certificaciones que le fueron entregadas por la clínica Unión Medica del Norte, cuyo laboratorio de patología, citología e inmunohistoquímica indicó que el paciente padecía de un carcinoma epidermoide bien diferenciado, infiltrante y ulcerado en la lengua, la cual estaba firmada por el oncólogo César Augusto Núñez Rojas.
La jueza Jiménez Acosta narró que se le remitió una certificación firmada por el doctor Ángel Garabot Polanco, del Instituto Oncológico del Nordeste, donde certificaba las condiciones de salud de Castillo Paniagua.
“Aquí puedo mostrarle que tengo un certificado médico avalado por el doctor César Augusto Núñez Rojas, oncólogo, quien le depositó una certificación, y otra que la certificó el médico legista, y cuando vamos a la audiencia yo veo el certificado médico y de inmediato solicito un tercero del Instituto oncológico de esta ciudad, procediéndose al reenvió de la audiencia que solicitaba el cambio de la pena, ordenando la solicitud correspondiente siendo expedida por el doctor Ángel Garabot Polanco.
Jiménez Acosta, al defender el procedimiento, dijo que hizo todo en base a las certificaciones medidas recibida que avalaban que Quirinito tenía un carcinoma agudo, una enfermedad terminal.
Informó que los firmantes de las certificaciones le hicieron la solicitud del cumplimento de la pena en virtud al carcinoma en la cabeza de la lengua. ‘’Nosotros no somos médicos, nosotros tenemos que avalar lo que digan los médicos, o creer más bien en lo que han dicho los médicos, a los tres médicos diferentes que son los que hablan’’
informó que se ha sorprendido cuando se enteró por los medios de comunicación que había sido suspendida porque según dijo el artículo 342, es que dice que cuando una persona tiene una enfermedad grave o terminal o un estado de demencia, no dice Quirinito ni dice fulano, sobreviviente con posterioridad a la comisión de la inflación, indicando que el caso de Castillo Paniagua se dieron todos los elementos para que se le diera la prisión domiciliaria.
Dijo que fue el Ministerio Público que ordenó que fuera llevado al Instituto Oncológico ya que no estaba facultada para indicarle el lugar donde él tenía que ir a realizarse los chequeos correspondientes.
Expresó que ordenó que al prisionero al que se le había cambiado la pena que se le diera seguimiento, ósea en el medio libre. “Yo estoy sorprendida porque si hablando de leyes del proceso yo solo he hecho lo que dice el artículo 342 que habla claro, cuando dice que si el prisionero padece de un carcinoma filtrante en la lengua, debe dársele el tratamiento que se le realizó.
Explicó que Castillo Paniagua llegaba al tribunal en una silla de rueda, con un tanque de oxígeno, una gorrita negra, una toalla como si fuera un babero, que se la ponía en la boca porque en verdad daba mal aspecto.
Dijo que visitó el lugar donde vivía el prisionero en la urbanización Paseo del Río en y quien en un velatorio de una compañera, le informan que Castillo Paniagua había fallecido.
Explico, que Castillo Paniagua estaba acusado por un homicidio y sin embarga no tenía un querellante, e indicó que el Ministerio Público no la apeló y es porque estuvo de acuerdo, ya que es quien solicita.
La magistrada dijo el próximo mes cumplirá 47 años trabajando en la justicia dominicana y es la primera vez que se ve envuelta en una situación como la actual, “pueden preguntar por todas partes cual ha sido mi papel en el desempeño de mis funciones, si alguna vez ha solicitado algos”.
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