También establece que solo dos personas podrán transportarse en motos, con sus cascos protectores, y cuando se trata del servicio de “motoconcho”, con chalecos reflectores que les identifiquen, si transitan en la noche.
El proyecto, de la autoría del diputado Tobías Crespo, que fue aprobado con 139 votos favorables y uno en contra, también faculta a los ayuntamientos a establecer la locación de paradas para motoconchistas.
Los cabildos llevarán un registro de los motores que “concharán”, independiente al que hace la Dirección General de Impuestos Internos. Los ayuntamientos limitarán su cantidad y asignarán las rutas, de acuerdo con la necesidad de cada comunidad.
Prohibiciones
Cuando entre en vigencia este proyecto, que aún le falta el voto de los senadores, se obliga a que las dos personas que se movilicen en una motocicleta lleven cascos protectores.
Cuando se trate de un “concho”, en el casco debe estar el número de placa, al igual que en el chaleco. Los motoconchistas deberán estar provisto de un seguro, licencia categoría uno, sus luces y espejos retrovisores y sistema de escape de sonido como vino de fábrica.
Lo nuevo
La misma deroga la Ley número 241, del 28 de diciembre de 1967, de Tránsito de Vehículos en la República Dominicana. Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Seguridad Vial dijo que el proyecto por más de cinco años ha sido consensuado con los distintos sectores e instituciones privadas y oficiales. Recordó que fue declarado de alto interés nacional por el Congreso, luego de hacer vistas públicas y escuchar a todos los interesados.
Dijo estar confiado de que será aprobado por sus compañeros del Senado.
En el nuevo sistema de gestión de transporte, la Oficina Metropolitana del Transporte (Omsa) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) pasarán a ser empresas públicas de autogestión.
La primera sería una compañía pública de servicios de autobuses y la segunda, una prestadora de servicio de transporte ferroviario o cualquier otra modalidad
“El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estaría regulando a la Omsa y a la Opret, ya convertidas en empresas públicas, operadoras de transporte”, explicó Crespo. Agregó que el Intrant regulará también a las demás empresas de transporte del sector privado. “No serían oficinas, como están ahora, sino empresas, que no es lo mismo, como la CDEEE, Seguro del Banreservas”, agregó.
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LAS SANCIONES Y EL OBSERVATORIO
El diputado Tobías Crespo afirmó que se deben sancionar a los violadores de la ley porque no es posible que el país siga teniendo estadísticas, indicando que del 100% de las multas solo se cubre un 3%, lo que constituye un mensaje para el ciudadano de que pueden seguir cometiendo infracciones sin que eso tenga consecuencias.
“Este proyecto cierra la brecha de manera coercitiva para que si no paga la multa no puede renovar la licencia, sacar la placa, la revista, la póliza del seguro, los documentos del sector y las certificaciones de no antecedentes penales”, precisó.
Indicó que unificaría el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), la Oficina de Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT).
Añadió que se creará el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, como un organismo técnico de recolección de estadísticas y de información de los accidentes de tránsito, las causas, las consecuencias, los costos económicos y sociales para el país. También, someterá información para un plan estratégico de seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito por lo menos a la media de América Latina, que son 16 fallecidos por cada 100 mil habitantes.
“Actualmente tenemos 29.3 fallecidos, lo que nos convierte en el país con más violencia en las calles, y nosotros aspiramos a que aprobando este proyecto de ley, aplicando el régimen de consecuencia y de sanción, junto con la educación por otro lado, hacia la concientización, nosotros mitigar e ir reduciendo esas estadísticas”, manifestó.
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