Los abogados de la compañía argumentan que no tienen acceso a los datos requeridos y no hay forma dentro del servicio para obtenerlos, debido al encriptado ‘end-to-end’ con el que cuentan todos los mensajes de su servicio desde el 2014.
La orden apunta específicamente a cinco proveedores de servicios de comunicación inalámbrica de Brasil, al no permitirles suministrar la transferencia de datos al servicio; si violan la orden serán sujetos a una fianza de 50,000 reales diarios (alrededor de 284 mil pesos mexicanos).
Whatsapp criticó la decisión a través de un representante que aseguró que “medidas indiscriminadas como éstas ponen en peligro la capacidad de las personas para comunicarse, para dirigir sus negocios, y vivir sus vidas".
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