Los fundamentos del fallo de Montalvão son los mismos que llevaron el magistrado a dictar la detención de Diego Dzodan, vicepresidente para América Latina de Facebook -la empresa que posee la aplicación-, en marzo de este año. La compañía es acusada de incumplir órdenes judiciales que obligan a revelar mensajes de usuarios de la aplicación, en un caso de crimen organizado y narcotráfico.
La Justicia pidió a las compañías telefónicas TIM, Oi, Vivo, Claro e Nextel, que bloquearan el popular servicio durante tres días. En caso de incumplimiento, éstas serán penadas con multas de hasta 500.000 reales por día.
En diciembre del año pasado, la aplicación fue bloqueada durante 48 horas debido a una investigación criminal.
En ese momento, las autoridades habían logrado el permiso judicial para que Whatsapp levantara el secreto de los datos intercambiados por sospechosos, pero la empresa no obedeció la orden judicial.
El servicio de mensajería volvió a funcionar tras la decisión de un tribunal de San Pablo de levantar el bloqueo que había provocado indignación entre millones de usuarios.
La primera sentencia contra la aplicación fue en febrero de 2015, en el estado de Piauí, aunque el fallo judicial no llegó a ser efectivo al ser anulado por otro magistrado.
La primera sentencia contra la aplicación fue en febrero de 2015, en el estado de Piauí, aunque el fallo judicial no llegó a ser efectivo al ser anulado por otro magistrado.
La aplicación móvil se había negado a colaborar con una investigación criminal relacionada con menores de edad involucrados en delitos. La anulación se sustentó en que las operadoras de telefonía no pueden ser responsabilizadas por la demanda que afecta a Whatsapp.
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