Los brazaletes son una opción de medida de coerción que dispone el Código Procesal Penal (CPP) en su artículo 226, que establece que luego de escuchar las razones, el juez puede imponer como medida “la colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado” (acápite 5).
Sin embargo, como explica Maura Martínez, secretaria general del Consejo del Ministerio Público, por falta de una empresa que ofertara el servicio bajo los parámetros de seguridad requeridos, no se había podido implementar.
Una resolución del Consejo del Ministerio Público, de mayo del 2014, aprobó el “Reglamento para la Habilitación de Prestadoras del Servicio de Monitoreo Electrónico mediante la colocación de localizadores electrónicos”, tras el cual, las empresas interesadas podrían presentar sus propuestas para obtener la licencia y brindar el servicio.
Desde entonces, tres compañías se han registrado en la Procuraduría con esos fines, de las que solo una obtuvo la licencia el pasado 22 de enero.
Cómo funciona?
Los ejecutivos de la empresa Fennix Global Technologies no permiten que los fotografíen y mucho menos que sus nombres se hagan públicos. Es un asunto de seguridad, explican, pues el servicio que ofrecen implica tratar con personas que están siendo o fueron juzgadas en los tribunales. Pero sí están abiertos para explicar la forma cómo funcionarán los grilletes.
Los favorecidos usarán en sus tobillos el dispositivo electrónico, que es un dispositivo 100 por ciento hipoalergénico, con correa de fibra óptica. Consta de varios sensores y, si alguien intenta violentarlo, inmediatamente emite una alerta y se activa el sistema de respuesta.
En la casa del beneficiario se instala un módulo de radio frecuencia que emite una señal, prueba de que la persona está en el lugar. En caso de que se desconecte, el módulo también emite una señal.
Las informaciones son almacenadas en el centro de datos. La empresa trabajará con cuatro centros de monitoreo en el país, uno que funciona en el Distrito Nacional, otro en Santo Domingo Este, uno en Santiago y el otro en Higüey. Los ejecutivos de Monitoreo se ufanan de que son la única empresa en el mundo que funciona con cuatro centros de monitoreo de redundancia.
Desde esos centros, que podrán expandirse, según las necesidades del país, se hará la instalación y desinstalación de los brazaletes, y personal del Ministerio Público participará constantemente en la vigilancia.
Los ejecutivos de Fennix dicen que, para garantizar el servicio constante, la empresa llegó a una alianza con una empresa telefónica que le facilitó un sistema de canales de comunicación directo entre sus dispositivos. Además, usan dos sistemas satelitales: el GPS, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos; y Glonass, del Departamento de Defensa de Rusia, consiguiendo así una triangulación con los grilletes cada 15 segundos, sin importar el lugar del país donde se encuentre el portador.
Además de contar con la buena suerte de que el juez le favorezca con la medida, el imputado que aspire al grillete tendrá que disponer de una suma de unos US$3,200, o su equivalente en pesos, unos RD$146,000 a la tasa actual.
El uso del aparato le cuesta mensualmente US$450.00 más ITBIS al imputado, que debe pagar seis meses por adelantado, además de un depósito reembolsable de otros US$500.00. Estos recursos deberán entregarse en un solo pago a través del Banco de Reservas y el BHD. El servicio se da mediante contrato entre la compañía y el imputado, del que queda fuera el Ministerio Público.
Los representantes de Fennix justifican el precio de cada uno de esos aparatos cuesta US$2,000.00, y para ponerlos a funcionar en el país hicieron una inversión superior a los US$5,000,000.00.
También han realizado cálculos del dinero que se puede pagar en cárceles como La Victoria para conseguir ciertos espacios, además de riesgos de violencia al que se enfrenta la persona. Por ello, no dudan que podrán instalar unos 2000 brazaletes en un año. Según estudios en otros países, estiman que entre el 10% y 15% de la población carcelaria aplica para estas medidas.
Nota de Tania Molina
Via diariolibre
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