Según abogados consultados y especializados en litigios, la multa representa una condena en el sistema judicial de los Estados Unidos, en el que cualquier tipo de sanción pena, equivale a una sentencia, aunque no necesariamente el acusado sea confinado en una cárcel.
Entre tanto, numerosos dominicanos celebraron la orden de la jueza Jeana Kenney, que obliga a la empresa, su propietario y consortes a restituir $549.499 dólares y la entrega de los títulos de propiedad y se mostraron complacidos con las investigaciones de la Procuraduría General del Estado, agradeciendo al incumbente Eric Schneiderman el haber logrado la restitución del dinero pagado y la entrega de 16 títulos de propiedad.
La magistrada, que emitió la orden el miércoles 25 de febrero, también prohibió cualquier operación, ofertas o publicidad de la compañía en Nueva York y los Estados Unidos.
Se dijo que en un primer acuerdo para no ir a la cárcel, Díaz, Rivas y Balbuena, se comprometieron con la Procuraduría General del Estado a restituirles el dinero a los afectados, pero no cumplieron, por lo que la fiscalía estatal pasó a la siguiente fase.
“Estoy muy agradecida de la oficina del Fiscal General Eric Schneiderman”, dijo la dominicana María Paulino, quien pagó $30.000 dólares por un apartamento en Pueblo Bávaro en el 2008, creyendo en la promesa de tener su residencia, que nunca le entregaron.
“En el 2009, estuve preguntando por la casa que había pagado y buscando un reembolso desde entonces”, añadió la estafada.
“Nunca pensé que esto iba a suceder, pero estoy agradecida, porque finalmente recuperaré mi dinero”, expresó la señora Paulino que reside en el Alto Manhattan, donde también viven la mayoría de las víctimas.
Eddy Tejada, dijo que pagó $22.000 dólares en el 2007, porque desde salió de la República Dominicana con el sueño de tener su casa.
“”Pero ese sueño se convirtió en una pesadilla”, expresó el dominicano.
“Nunca recibí mi casa y comencé a creer que nunca volvería a ver mi dinero otra vez”, añadió.
“Estoy muy agradecido por la labor de la Fiscalía General por asegurar la restitución de mi pago”, dijo Tejada.
David Morfe, quien reside en New Jersey, relata que en el 2004, después de asistir a un evento promocional del proyecto, decidió creer en los ejecutivos de la empresa y los promotores y compró el apartamento en Pueblo Bávaro.
Recordó que el evento, se llevó a cabo en el desaparecido restaurante “Mirage” de la avenida Dickman en el Alto Manhattan.
Dijo que nunca recibió el título de propiedad y en innumerables ocasiones, trató de contactar a la empresa de Danilo Díaz, sin recibir respuesta.
“Consistentemente, se mantuvieron haciéndome cuentos “, expuso Morfe.
Explicó que el documento se le entregó 10 años después de la firma de un contrato y el pago del apartamento, gracias a la intervención de la fiscalía del estado.
Una investigación de las autoridades en el proyecto, descubrió que está prácticamente abandonado, si servicio de gas, no se recoge la basura, y algunos compradores enviaron muebles y electrodomésticos para enterarse de que sus apartamentos estaban casi destruidos.
El moho, las algas y la lama abarrotan la piscina colectiva del proyecto y la basura se amontona en la misma área de los edificios.
Luz Cruzado, otra dominicana estafada y su esposo Wilfredo Medina, pagaron inicialmente $18.000 dólares en septiembre del 2004 por un apartamento de $60.000.
“En un año y medio, nos entregaron un apartamento sin terminar”, dijo Cruzado. “Nos exigieron el resto del dinero, nos dieron un contrato de venta, pero nunca el título de propiedad”, señala la dominicana.
Margarita Corporán, que trabaja como contadora en New Jersey, asistió a una reunión en el Alto Manhattan en el 2007, encabezada por Danilo Díaz, quien promovió el proyecto ante unos 50 asistentes.
Anuncios en español publicitando los apartamentos fueron difundidos en el canal 47 de la cadena Telemundo, entre el 2004 y el 2011.
Corporán dijo que Díaz, les aseguró a los compradores que el gobierno estaba apoyando el proyecto.
Después que ella y su esposo, visitaron a Pueblo Bávaro, pagaron $26.700 dólares por un apartamento de $87.000.
“Pasaron dos años, tres… y no volvimos a saber más nada de eso. Llamamos docenas de veces y nadie nos respondía”, narró Corporán.
“Ellos, nos reclamaron más dinero por adelantado y nos ofrecieron un apartamento en un proyecto diferente y les dijimos que queríamos lo que pagamos”, agregó.
Cuando intentaron entrar, encontraron a otras personas viviendo en el inmueble que habían pagado y no recibieron ningún título legal.
Bajo la orden de la jueza Kenney, 29 víctimas ya han recibido reembolsos de hasta $33.000 dólares cada una de un total de $540.000, monto al que Díaz, se comprometió a restituir hace unos dos años.
Díaz, quien no ha admitido el delito, fue multado con $75.000 dólares y la agencia Rivas Travel otra de $25.000.
Mientras otros 40 compradores, han conseguido sus títulos legales, Díaz se ha comprometido a entregar 16 títulos, dentro de 60 días a partir de la orden de la magistrada Kenney.
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