Yákara Mercedes Morel Vargas, reclusa condenada por narcotráfico que ahora disfruta de libertad condicional, arroja dudas sobre la rigurosidad y seriedad de la política contra la violencia de género que con tanta insistencia pregona la Procuraduría General, dependencia que le permitió contraer matrimonio con un femenicida condenado a 13 años de cárcel por el asesinato de su esposa embarazada. Su enlace con Miguel Bladimir (Blady) Morán Balbuena se produjo el 24 de julio en la catedral
“Hay que ver las cosas, fue algo que no fue voluntario, fue involuntario. La familia de ella habla con él. Tienen una relación.
Entonces, la sociedad tiene que darle una oportunidad. Una oportunidad que le puede dar a cualquiera, para saber si se ha regenerado, si se ha reformado”, dice la mujer sentenciada a diez años de cárcel.
Pero para algunos su boda remite –guardando la diferencia de la dimensión del caso– a historias como la de Charles Manson. El escalofriante asesino en serie estadounidense que, aunque cumple cadena perpetua por múltiples crímenes (después de salvarse de una sentencia a la pena de muerte), tiene en la joven Afton Burton una mujer dispuesta a acompañarlo ante el altar.
Se le pregunta a Morel Vargas si las autoridades hicieron estudio psiquiátricos y psicológicos a su esposo antes de permitir el matrimonio.
La respuesta podría ser desalentadora respecto al trabajo de la Procuraduría, y generar preocupación: “No sé decirle, pero sí a él lo evaluaron psiquiátricamente y psicológicamente, a lo primero, cuando él ingresó (a la cárcel) lo habían evaluado”.
El diario digital 7dias.com.do persistió durante dos semanas en lograr que la Procuraduría General le entregara copias de los documentos que registraran las acciones que desarrolló antes de autorizar la boda, calificada por el mismo Arzobispado de Santiago de “imprudencia”.
El legajo entregado por la Procuraduría General, después de mucha insistencia, no incluye una experticia psiquiátrica y psicológica que avale la autorización de la boda. Incluso, la carta enviada el 8 de julio pasado por la asistente social del sistema de prisiones Carmen Marrero a Crismelis Quezada Luciano, directora de Rafey Hombres, desvela ligereza en la forma en que el Modelo de Gestión Penitenciario trató el caso para autorizar la controversial boda.
“Nos comunicamos con los familiares del interno, la señora Brígida Altagracia Morán y Miguel Ángel Balbuena, padres del interno, al teléfono 829-289-XXXX, la cual (sic.) nos dice que están de acuerdo a (sic) que su hijo pueda contraer matrimonio con su pareja”, escribió Marrero.
“También nos contactamos con los familiares de la señora Yáskara Mercedes Vargas vía telefónica al número (809)-233-XXXX hablando con la señora Mercedes Vargas, la cual (sic) nos dice que está de acuerdo con dicha unión matrimonial de la pareja”, añade la funcionaria en la carta impresa en papel con membrete de la Procuraduría General.
La comunicación de Marrero evidencia que las autoridades penitenciarias se guiaron más por los sentimiento amorosos o la actitud religiosa de los contrayentes que por una aplicación estricta de reglas que despejaran cualquier duda futura.
Pero para algunos su boda remite –guardando la diferencia de la dimensión del caso– a historias como la de Charles Manson. El escalofriante asesino en serie estadounidense que, aunque cumple cadena perpetua por múltiples crímenes (después de salvarse de una sentencia a la pena de muerte), tiene en la joven Afton Burton una mujer dispuesta a acompañarlo ante el altar.
Se le pregunta a Morel Vargas si las autoridades hicieron estudio psiquiátricos y psicológicos a su esposo antes de permitir el matrimonio.
La respuesta podría ser desalentadora respecto al trabajo de la Procuraduría, y generar preocupación: “No sé decirle, pero sí a él lo evaluaron psiquiátricamente y psicológicamente, a lo primero, cuando él ingresó (a la cárcel) lo habían evaluado”.
El diario digital 7dias.com.do persistió durante dos semanas en lograr que la Procuraduría General le entregara copias de los documentos que registraran las acciones que desarrolló antes de autorizar la boda, calificada por el mismo Arzobispado de Santiago de “imprudencia”.
El legajo entregado por la Procuraduría General, después de mucha insistencia, no incluye una experticia psiquiátrica y psicológica que avale la autorización de la boda. Incluso, la carta enviada el 8 de julio pasado por la asistente social del sistema de prisiones Carmen Marrero a Crismelis Quezada Luciano, directora de Rafey Hombres, desvela ligereza en la forma en que el Modelo de Gestión Penitenciario trató el caso para autorizar la controversial boda.
“Nos comunicamos con los familiares del interno, la señora Brígida Altagracia Morán y Miguel Ángel Balbuena, padres del interno, al teléfono 829-289-XXXX, la cual (sic.) nos dice que están de acuerdo a (sic) que su hijo pueda contraer matrimonio con su pareja”, escribió Marrero.
“También nos contactamos con los familiares de la señora Yáskara Mercedes Vargas vía telefónica al número (809)-233-XXXX hablando con la señora Mercedes Vargas, la cual (sic) nos dice que está de acuerdo con dicha unión matrimonial de la pareja”, añade la funcionaria en la carta impresa en papel con membrete de la Procuraduría General.
La comunicación de Marrero evidencia que las autoridades penitenciarias se guiaron más por los sentimiento amorosos o la actitud religiosa de los contrayentes que por una aplicación estricta de reglas que despejaran cualquier duda futura.
La funcionaria explica que el Departamento Social del sistema penitenciario tuvo varias intervenciones con la pareja, “la cual nos expresa que se aman y que desean contraer matrimonio por la Iglesia católica”.
Fuente 7dias.com.do
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