Señala el abogado Tomás Alberto Lorenzo que la Ley 72-02 sobre Lavado De Activos, autoriza la utilización de los bienes incautados una vez la autoridad competente ordene su decomiso a favor del Estado dominicano, y que de hacerlo de forma contraría estaría violando la ley.
De igual modo estableció que los bienes que posee su cliente, fueron adquiridos de forma lícita con préstamos otorgados por el Banco de Reservas de la República Dominicana, ascendentes a la suma de diez millones.
Señala el representante de Cristian Pozo que su bienes han sido dilapidados e indica que personas desconocidas han sustraído puertas e inodoros sin que la autoridad lo evite.
Manifestó que su cliente tiene más de 20 años ligado al comercio y que solo en venta de cervezas comercializó más de 40 millones de pesos en los últimos años.
Tomás Alberto Lorenzo dijo la Procuraduría informó en algunos medios de comunicación que esos bienes incautados ascienden a la suma de 40 millones y que sin embargo, no se observó que los mismos se encuentran en la ribera del río Nigua y en consecuencia su valor es mucho menor que lo que se indica,
Señaló además que han incautado bienes que no son de su pertenencia, afectando personas ajenas a su cliente.
Sobre la versión puesta a circular por el Procurador General de la República de que Cristian Pozo distribuía 6 millones de pesos mensuales, lo considera una burla hacia la inteligencia colectiva de la sociedad y dijo que “son informaciones sensacionalistas de quienes han desinformado con intención de crear caos”.
Por Miguel Angel Solano
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