La decisión la acogió el pleno de la Cámara baja, tras un informe desfavorable elaborado por la Comisión de Ética de ese órgano legislativo.
La resolución tenía como propósito escuchar al director de la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental, en relación a supuestas violaciones en que habría incurrido al presentar su declaración jurada de bienes.
Fue presentada por el diputado Francisco Matos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Santiago.
La solicitud la hizo pública el movimiento cívico Participación Ciudadana, que tras denuncias sobre la declaración jurada del funcionario, consideró que éste no depositó informaciones consideradas importantes sobre sus bienes patrimoniales.
Previamente, PC pidió al presidente Danilo Medina que ordene a la mayor brevedad posible una investigación imparcial, diáfana y profunda sobre la declaración que hizo Marino Vinicio Castillo (Vincho).
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