La batalla legal comenzó con una presentación del ayuntamiento de South Tyneside ante la Justicia, debido a que varios políticos estaban siendo difamados por un tal "Mr. Monkey", según publica Clarin.com.
La denuncia llegó hasta California, donde Twitter tiene sus oficinas. Según un vocero del ayuntamiento, Paul Robinson, el sitio accedió a facilitarles la información de al menos una cuenta, con la que pretendían confirmar si la persona que hacía los comentarios injuriosos era el concejal independiente Ahmed Khan, quien niega estar vinculado con el asunto.
Khan contó que representantes de Twitter se comunicaron con él y le informaron que tenía 21 días para presentar un argumento legal en contra de la demanda y que, si no lo hacía, facilitarían sus datos.
El concejal negó estar vinculado con el caso y dijo no entender cómo un ayuntamiento podía iniciar semejante proceso judicial porque a ciertos funcionarios no les gusta lo que se dice sobre ellos en Twitter.
Precedente.
Los expertos creen que el caso puede crear precedentes, aunque no se trata de la primera vez que Twitter recibe este tipo de requerimiento. Antes, el Gobierno de Estados Unidos había solicitado la identidad de determinadas personas relacionadas con Julian Assange, el líder de WikiLeaks.
La política de privacidad de Twitter indica que puede "revelar su información si creemos que es razonablemente necesario para cumplir con una ley, reglamento o requerimiento legal, para proteger la seguridad de cualquier persona, para abordar el fraude, la seguridad o asuntos técnicos, o para proteger los derechos de Twitter o su propiedad".
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