Circula en las redes sociales una comunicación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que indica que esa dependencia investiga las visitas sorpresas realizadas por el expresidente Danilo Medina desde su llegada al gobierno en agosto del 2012 hasta su salida, en agosto del 2020.
En la referida comunicación, la Pepca solicita al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, un informe detallado donde se haga constar los “registros de los procesos de licitaciones públicas, licitaciones restringidas, sorteos de obras, comparación de precios, compras menores, procesos de emergencia o excepción, así como cualquier otro tipo de procedimiento o modalidad, llevados a cabo por el Programa de Visitas Sorpresa bajo la coordinación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, desde el 16 de agosto 2012 hasta el 16 de agosto 2020”.
Además, la Pepca solicita “el histórico de todas las partidas especiales, cuentas especiales programas, libramientos, cheques con sus endosos, persona física o jurídica receptora de los fondos, donaciones, auditorias financieras, investigaciones especiales, equipos de coordinación de la misma, incluyendo los montos presupuestados y consignados al Programa Visitas Sorpresa, desde el 16 de agosto 2012 hasta el 16 de agosto 2020”.
En la misiva, firmada por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, se indica que la solicitud se hace amparado en el artículo 285 del Código Procesal Penal, que indica “Diligencias. El ministerio público puede exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, fijando un plazo conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí, o hacer practicar por funcionarios policiales, cualquier clase de diligencias. Debe solicitar la intervención judicial cuando lo establece este código”.
Asimismo, dice que se ampara en el artículo 12 de la ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público que establece, “el Ministerio Público podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones, quienes están obligados a prestarla sin demora y suministrar las informaciones, documentos e informes que les sean requeridos.
El funcionario que se negare a prestar la colaboración requerida o entregar las informaciones, documentos e informes solicitados, incurre en obstrucción de justicia y será sancionado con las penas que dispone el artículo 188 del Código Penal”.
En la administración de la procuradora Miriam Germán Brito se han abierto varios procesos investigativo a ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina, entre ellos el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y el ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y otras.
Fuente CDN
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