El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaurys Martínez, ratificó este viernes la medida de coerción a los implicados en el caso Anti Pulpo.
El ministerio publicó alegó que la decisión estuvo basada en la Ley y que cientos de evidencias confirman lo que dio origen a la prisión preventiva a siete de los imputados en el caso y arresto domiciliario en contra de tres de los acusados.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso explicó que el ministerio público ha confiscado bienes producto de los supuestos entramados societarios.
“Seguiremos fortaleciendo la acusación, seguiremos haciendo secuestro e inmovilizaciones de bienes, en este caso el ministerio público tiene muchos bienes inmovilizados, y seguimos en la investigación de este y decenas de casos”, dijo Berenice, procuradora adjunta de la Procuraduría Especializa de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
Aseguró que también que hay decenas de compañías que están siendo investigadas, junto a otras personas que podrían estar implicadas en el caso a las que según la procuradora darán a conocer en su momento.
Seguirán en prisión en la cárcel de Najayo Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de la Unidad de Análisis de la Oisoe; Fernando Rosa Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Igualmente lo harán Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos tres supuestamente vinculados a Alexis Medina, quien sería el principal imputado en este caso, acusado de favorecer con contratos a los ex funcionarios cuando dirigían las referidas instituciones públicas.
El tribunal también decidió ratificar la medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud de Salud Pública en el periodo 2012-2014.
En el caso de Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República también con prisión domiciliaria, le retiraron el localizador electrónico.
Los detenidos, según el Ministerio Público, forman parte de un grupo de ex funcionarios así como también de proveedores privilegiados y testaferros, a quienes se le acusa de aprovechar los vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas.
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