Ante la falta de recursos para reintegrar a los trabajadores a sus puestos o pagarles lo correspondiente a su cancelación, algunas empresas están negociando un adelanto de las prestaciones laborales con los empleados suspendidos, que hasta junio de este año sumaban 320,000, aparte de los 410,367 que quedaron sin empleo.
Esta negociación consiste en el pago de RD$1,500 y RD$2,000 cada quincena como parte de una fracción del monto de las prestaciones que legalmente deben recibir los empleados afectados por la pandemia del Covid-19.
Esta vía facilitaría que, entonces, un empleado suspendido pueda ser favorecido cada mes con el monto de 11,500 pesos y 12,500 pesos, si se suman los 8,500 depositados por el Estado como apoyo a los trabajadores.
No es todo
Las empresas también ofertan la posibilidad de acreditar el dinero desembolsado de manera fraccionado a cada empleado a ser descontado del salario cuando se produzca el reintegro laboral.
En las negociaciones se planea que en caso de que el empleado no acepte ninguna de esas propuestas, entonces deberá renunciar a su anterior puesto de trabajo.
El planteamiento anterior fue una de las ofertas realizadas a Narciso Hernández, empleado del sector turístico, quien lleva más de tres años en una cadena hotelera en el norte del país.
El joven, de 28 años, cuenta que la empresa le ofreció recibir una cuota quincenal de RD$1,500 de sus prestaciones hasta que retome sus labores. “A este punto, con seis meses suspendido, solo recibiendo 8,500 pesos, vi esa propuesta como una bendición de preservar el empleo y tener un salario mínimo”, puntualizó.
Lo mismo le pasó a María Bonilla, quien lleva cuatro años en el sector privado.
La dama, de 30 años, cuenta que firmó un acuerdo con la empresa para recibir 1,500 pesos quincenales hasta que la reintegren. “Quisiera recibir mis prestaciones juntas, pero no quiero perder mi empleo en un momento de incertidumbre mundial”, dijo.
Alternativa no es legal
Aunque esa opción no está contemplada en la ley, se genera como una especie de figura que surge ante la situación económica impulsada por el Covid -19. “Esto podría desencadenar un conflicto laboral, en caso de que los trabajadores aleguen que no renunciarán a sus derechos adquiridos”, indicó el abogado laboral Rafael Alburquerque.
Sostuvo a El DÍA que ante esa situación el empresariado tratará de protegerse bajo el alegato de que fue un acuerdo de fuerza mayor por la pandemia.
Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, coincide que las empresas pueden salir perjudicadas. “Quien paga mal, paga dos veces”, advirtió.
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