El organismo advirtió que toda persona que se encuentre desarrollando esa práctica transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales, así como con las disposiciones reglamentaria y estatutaria de los partidos.
La suspensión abarca todas las actividades proselitistas que incluyan movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en los medios de comunicación, y utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos.
Incluye, además, el uso de altoparlantes para emitir consignas alusivas a las aspiraciones personales.
En su decisión, el pleno refiere que los aprestos electorales y manifiestos, en las vías públicas y en los medios de comunicación, resultan en estos momentos extemporáneos y fuera de toda la previsión legal.
“Esta institución tiene absoluta competencia reglamentaria, establecida en la Constitución de la República y en las leyes, para exigir el cese inmediato de las actividades mencionadas, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”, refiere la decisión del pleno.
Los miembros de la JCE, reunidos en pleno, solicitaron al Ministerio de Interior y Policía, a las gobernaciones provinciales del país y a las alcaldías de los municipios, su colaboración para la ejecución de la medida.
La disposición está firmada por Julio César Castaños Guzmán, presidente, así como por los miembros titulares, Roberto Saladín, Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal y Juan Bautista Cuevas (suplente del titular Henry Mejía).
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