El tribunal tomó la decisión, tras acoger una solicitud que hiciera en ese sentido la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a los fines de seguir con la investigación abierta en contra de la constructora, por presunta violación a los artículo 166, 167, y 175 del Código Penal Dominicano, la ley 448 -06 sobre soborno transaccional sobre el comercio y la inversión, así como violación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de droga.
En el dispositivo de la sentencia, el juez autoriza a la Procuraduría a llevar a cabo la investigación de que se trata, tramitando dicha pesquisa bajo el amparo del acápite 6 de artículo 370 del Código Procesal Penal, que le permite solicitar un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente en la investigación.
Establece que el mismo deberá brindar información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones; deberán también ayudar a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal, de la cual se preside, resulte considerablemente más leve que los hechos punibles, cuya continuación evita.
Aduce que la aplicación de criterio de oportunidad debe ser autorizada por sentencia de juez o tribunal competente.
LA Procuraduría en su solicitud alega que persigue disponer de herramientas legales para llevar a cabo negociaciones que le permitan obtener confidencias para desentrañar todo lo concerniente a la modalidad delictiva del caso de soborno del que se investiga.
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