El Gobierno de los Estados Unidos atribuyó al auge del narcotráfico el aumento de la violencia en la República Dominicana y recomendó a las agencias de seguridad mejorar la coordinación entre ellas para atacar a los carteles locales.
“El país está experimentando un aumento de la violencia relacionada con las drogas, en parte atribuible a la práctica de las organizaciones de narcotraficantes que pagan a los socios locales en narcóticos, lo que lleva al desarrollo de pandillas locales de drogas que participan en violentas batallas para controlar la distribución nacional de drogas”, revela en un informe el Departamento de Estado que debe remitir cada año al Congreso de ese país para evaluar a las naciones que reciben fondos de Estados Unidos.
Resalta que el Gobierno dominicano no alienta la producción o tráfico de drogas, como tampoco el lavado de activos, pero que la corrupción en los estamentos policiales y militares facilita el crecimiento de esa actividad delictiva.
“El Gobierno de la República Dominicana ha tomado algunas medidas para abordar la corrupción entre las fuerzas armadas y las fuerzas del orden, pero la corrupción sigue siendo un impedimento significativo para los esfuerzos de aplicación de la ley en el país”, señala.
Otra vez la corrupción
Aunque el informe es una evaluación sobre la situación del narcotráfico en el país, dedica varias líneas para señalar que la persecución de los funcionarios corruptos no es la norma y que el sistema judicial también está permeado por este mal, además de estar politizado.
Indica que Estados Unidos trabaja activamente con este país para planificar y llevar a cabo operaciones internacionales para incautar drogas ilícitas y desmantelar organizaciones criminales. Pero advierte que esos esfuerzos se ven obstaculizados por la corrupción.
“La cooperación sigue siendo fuerte entre los gobiernos dominicano y norteamericano para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia transnacional relacionada”, puntualiza el informe.
El Departamento de Estado resaltó la disposición del Gobierno dominicano de extraditar a personas pedidas por la justicia de ese país por estar vinculadas al narcotráfico.
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