27 de febrero de 2017

Tribunal de Apelaciones de EE.UU. ratifica la suspensión de la ley migratoria de Trump

El Noveno Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha rechazado una solicitud del Departamento de Justicia de ese país para suspender la decisión judicial que acabó con la vigencia de la ley de inmigración de la Administración de Donald Trump, según Reuters

De este modo, el bloqueo migratorio que entró en vigor en EE.UU. hace pocas semanas permanecerá sin efecto hasta que el inquilino de la Casa Blanca firme una nueva orden ejecutiva, un acto previsto para el 29 de febrero.

El 9 de febrero, ese mismo tribunal dictaminó en contra del decreto que prohíbe la entrada a EE.UU. de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen). "NOS VEMOS EN EL TRIBUNAL, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTAR NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!", respondió Trump con letras mayúsculas en su cuenta de Twitter.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha señalado en rueda de prensa que no valorará este veredicto porque todavía no ha tenido oportunidad de leerlo, pero ha recordado que Donald Trump "se ha comprometido" a defender su iniciativa legal porque estima que la ley de EE.UU. le confiere esa autoridad. 

Spicer ha detallado que el próximo decreto ejecutivo intentará "abordar las preocupaciones" de la Corte, aunque ha aclarado que la normativa "es muy clara" respecto a los poderes que necesita el presidente de EE.UU. para "proteger" a su país.

El pasado 27 de enero Donald Trump firmó un decreto con el objetivo de "mantener fuera de EE.UU. a los terroristas islámicos radicales" que prohibía el ingreso al país de nacionales de siete países con mayoría musulmana y la recepción de refugiados sirios.

Dicha medida tuvo como efecto secundario toda una serie de protestas en los aeropuertos estadounidenses, mientras en aeropuertos de todo el mundo se vivieron escenas de caos debido a que aerolíneas se negaron a dejar embarcar a viajeros de eses países con destino a EE.UU.

El viernes 3 de febrero un juez federal de la ciudad de Seattle (Washington) dictaminó una orden que dejó sin efecto temporalmente el decreto. El Departamento de Justicia de EE.UU. la apeló varias veces pero no tuvo éxito.

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