La jueza Rosa Mateo impuso, además, presentación periódica, impedimento de salida y pago de una fianza de un millón de pesos a los demás imputados, Bienvenido Araujo Japa, secretario general del ayuntamiento de San Cristóbal; Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, tesorero; y Edward Vianelo Pontier.
La magistrada acogió la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por lo que el exalcalde no podrá salir de su residencia sin autorización de juez durante seis meses.
El expediente del caso fue remitido al Tribunal Colegiado de San Cristóbal a fin de fijar audiencia para el conocimiento del juicio de fondo.
El Ministerio Público los acusa de haber manejado los fondos del cabildo de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
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