El Ministerio de Interior y Policía ocupó 671 mil 890 unidades de fuegos artificiales que eran comercializadas de manera irregular en un almacén en Villa Consuelo, en Santo Domingo.
El operativo fue realizado por brigadas de la Dirección de Explosivos y Fuegos Artificiales de Interior y Policía en un almacén, a cuyo propietario se le cancelará el permiso de comercializar fuegos artificiales.
Dice que la Ley 340-09 sobre el Control y Regulación de los Productos Pirotécnicos, prohíbe su venta, uso y comercialización, salvo a empresas calificadas para el montaje de espectáculos pirotécnicos.
La orden de allanamiento fue firmada por el juez Alejandro Vargas, en tanto que las brigadas que practicaron el allanamiento estuvieron acompañadas por el magistrado Adolfo Féliz y un contingente policial facilitado por la Dirección General y el Comandante del cuerpo del orden en el barrio Villa Consuelo, según explica el comunicado.
Agrega que el propietario del almacén allanado no fue detenido por su avanzada edad.
“Interior y Policía descubrió la anomalía tras una labor de inteligencia en La Vega, Santiago y San Francisco de Macorís, donde inspectores de ese Ministerio descubrieron la venta libre de fuegos artificiales y su manipulación por niños, niñas y adultos”.
Indica que al darle seguimiento para descubrir su procedencia llegaron hasta el almacén ubicado en Villa Consuelo, procediéndose de inmediato a solicitar una orden de allanamiento al referido lugar, ubicado en la calle Arzobispo Valera, donde fue incautada la gran cantidad de fuegos artificiales de fabricación local, valorados en varios millones de pesos.
Dice que el almacén allanado pertenece a una de las once empresas autorizadas y certificadas por el Ministerio de Interior y Policía a realizar espectáculos de fuegos artificiales, pero que enviaron personal encubierto a comprar pirotecnia en el lugar se lo vendieron, estando prohibido.
La Ley 340-09 autoriza a Interior y Policía a regular el almacenamiento, transportación y manipulación de los fuegos artificiales y a someter ante los tribunales competentes a toda persona natural o jurídica que viole los preceptos de esa legislación.
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