Así se lo demandó la organización al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito y a la responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero.
El pedido de la organización de la sociedad civil se produce después de conocerse que el juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictara hoy orden de arresto contra el exministro de Defensa entre 2008 y 2010, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, y contra el coronel activo de la Fuerza Aérea, Carlos Piscini, vinculados a la compra de los aviones Súper Tucanos.
A juicio del presidente de Adocco, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, este caso podría tener consecuencias derivadas del interés de Estados Unidos y de Brasil, especialmente de la compañía brasileña Embraer, de que el caso sea resuelto y que caigan los responsables.
En este sentido, Adocco explicó que para poder participar de negocios en territorio norteamericano, las empresas deben estar alejadas de prácticas corruptas, como el soborno y tráfico de influencias, condiciones que se han presentado en este caso que involucra a tres países y al estamento militar dominicano.
Por el caso fueron arrestados el pasado martes 9 de agosto los empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo, Daniel Aquino Méndez, mientras que el mayor General Peña Antonio y el Coronel Piscini, por ser militares debían ser citados a través del Ministerio de Defensa.
La compra de los aviones Súper Tucanos llegó al Congreso Nacional con sobornos por valor más de tres millones de dólares, sin embargo, aún no se ha identificado a los senadores que, de acuerdo con las investigaciones realizadas en Brasil y Estados Unidos, fueron los beneficiarios del soborno para la aprobación del citado prestamos.
Esta circunstancia ha estancado la solución del caso, ya que se trató de un compromiso de delación asumido por la empresa Embraer, para poder participar de la bolsa de valores estadounidense.
La investigación fue iniciada por el Pepca en el año 2014, e instruida por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para determinar si hubo soborno en la compra de los aviones adquiridos con un préstamos de Noventa y Tres Millones de dólares, aprobados por el Congreso Nacional.
Según Laura Guerrero, la investigación tiene un soporte de más de 2,000 documentos enviados por las autoridades de Brasil para ayudar en la pesquisa.
El proyecto de los Súper Tucanos fue impulsado por las Fuerzas Armadas durante una de las gestiones del expresidente Leonel Fernández, ante la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.
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