Arrestan seis dominicanos en Pensilvania con cocaína valorada en 23 millones de dólares en un almacén

Agentes de la DEA, la policía local y oficiales de otras agencias de la ley, arrestaron a seis dominicanos en Pensilvania, quienes según las autoridades, traficaban drogas por toneladas en diferentes estados del Noreste de Estados Unidos y tenían cocaína y pastillas valoradas en $23 millones de dólares en un almacén de un barrio de Filadelfia.

Los presuntos narcotraficantes criollos, fueron identificados como Francisco Ortega Severino de 54 años de edad y residente en el Alto Manhattan, Juan Rojas (32) y residente en El Bronx y Argenis Diocoris Grullón de 37 y radicado en Allentown (Pensilvania).

También Miguel Pérez (24) residente en Puerto Rico, José Morales (53), quien se radica en Kissimmee (Florida) y Juan Olmedo (24) quien vive en el suburbio Kensington en Pensilvania.

La Procuradora General del estado de Pensilvania, Kathleen Kane, anunció la detención de los seis hombres en una conferencia de prensa ayer jueves y dijo que cada uno ha sido acusado de distribución de drogas, conspiración y múltiples delitos criminales relacionados.

La funcionaria dijo que Severino Ortega, Rojas y Grullón, fueron detenidos después de que dos vehículos que abordaban, fueron interceptados por policías en este en la intersección de las avenidas Lehigh y Trenton en Kensington, y en los que llevaban 40 kilos de cocaína.

Los investigadores rastrearon la droga hasta un almacén en la cuadra 200 de la calle West Cambria en la sección Fairhill al Norte de Filadelfia.

Los agentes incautaron de 192 kilogramos de cocaína en el almacén y detuvieron a Pérez, Morales y Olmedo.

Los investigadores también confiscaron $77.000 en efectivo, una máquina contadora de dinero y parafernalia para procesar drogas.

Las detenciones fueron parte de una investigación que estaba en marcha del Grupo de Trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Policía de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP), en cooperación con la oficina de la procuraduría estatal en Pensilvania.


Nota de Miguel Cruz Tejada