La medida, dispuesta en audiencia conocida por separado por el juez José Alejandro Vargas, afecta a Carmen Altagracia Rufino, Carlos Raúl Jaime Boza, Juan Elías Marte Ortiz y Carlos Perdomo González, y deberá ser aplicada por la compañía Monitoreo.
El magistrado Vargas, en su condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso, además, en contra de Altagracia Rufino, el pago de una garantía económica de un millón de pesos, así como impedimento de salida y presentación periódica. Esta dos últimas medidas también fueron aplicada a Jaime Boza, acusado, junto a la primera, de narcotráfico y lavado de activos.
En torno a este caso, el tribunal dictó prisión preventiva en contra de Raúl Jaime, Víctor Manuel Andrades Cáceres, Nortandio De Jesús Messia Rufino, Edwin Adrián Mejía Gutiérrez, Water Solís Omaña Ortiz y Judel Bernard, quienes deberán cumplir la media en la cárcel La Victoria.
El juez adoptó la decisión tras acoger de manera parcial una solicitud de medida de coerción presentada en contra de los imputados por la Fiscalía, a quienes presuntamente les fueron ocupados 670 paquetes de la droga, envueltos en cintas transparentes con el logotipo de “Philipp Plin” y escondidas en una caleta dentro de un baño de una casa, así como 964,335 dólares en efectivo.
Otro caso de lavado
El magistrado Vargas, en su condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso, además, en contra de Altagracia Rufino, el pago de una garantía económica de un millón de pesos, así como impedimento de salida y presentación periódica. Esta dos últimas medidas también fueron aplicada a Jaime Boza, acusado, junto a la primera, de narcotráfico y lavado de activos.
En torno a este caso, el tribunal dictó prisión preventiva en contra de Raúl Jaime, Víctor Manuel Andrades Cáceres, Nortandio De Jesús Messia Rufino, Edwin Adrián Mejía Gutiérrez, Water Solís Omaña Ortiz y Judel Bernard, quienes deberán cumplir la media en la cárcel La Victoria.
El juez adoptó la decisión tras acoger de manera parcial una solicitud de medida de coerción presentada en contra de los imputados por la Fiscalía, a quienes presuntamente les fueron ocupados 670 paquetes de la droga, envueltos en cintas transparentes con el logotipo de “Philipp Plin” y escondidas en una caleta dentro de un baño de una casa, así como 964,335 dólares en efectivo.
Otro caso de lavado
Asimismo, el magistrado, en otra audiencia de solicitud de medida de coerción, dispuso la colocación del brazalete electrónico a Marte Ortiz, el pago de una garantía económica de tres millones de pesos, arresto domiciliario en su propia residencia de Santiago, así como la colocación de un impedimento de salida del país, debiendo entregar su pasaporte con visa americana al ministerio público, por un período de tres meses.
El imputado es acusado por el ministerio público de formar parte de una red internacional de lavado de activos que operaba en el país utilizando una compañía fantasma dedicada al negocio de los hidrocarburos y que logró sacar más de US$29 millones hacia el extranjero.
En torno al caso, también guardan prisión preventiva la venezolana Aimeé Josefina de San Juan Navas González, quien figuraba como gerente de Operaciones de la compañía Mercadinsa, S.A, y el dominicano Marino Andrés Castillo Javier, quienes fueron apresados mientras realizaban una transacción en el parqueo de Carrefour, donde les fue incautada una maleta con alrededor de un millón de dólares.
También a otro imputado
Asimismo, el magistrado Alejandro Vargas, en su función de juez suplente del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la prisión preventiva que pesaba en contra del imputado Perdomo González y en cambio dispuso la colocación del grillete electrónico, que le permitirá su movilidad sólo en el Distrito Nacional, así como presentación periódica.
Al imputado se le había dictado prisión preventiva a raíz de un proceso iniciado en su contra por el fiscal adjunto Waldimir Reynoso Cabrera, del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, luego de una querella presentada en contra por la entidad comercial Alorica Central, autorizada para operar en República Dominicana bajo el régimen legal de Zonas Francas Especiales.
Se recuerda que el primer caso donde se dispuso la colocación del brazalete electrónico fue al abogado Renzo Hilario, acusado de falsificar una orden de libertad para favorecer a Nelson Cabral Veras, implicado en el fraude cometido en el Banco Peravia.
La disposición fue adoptada por el juez Alejandro Vargas, quien impuso tres meses de arresto domiciliario conjuntamente con el brazalete electrónico como medida de coerción, a través de la compañia Monitoreo.
La referida compañía fue autorizada por el Consejo Superior del Ministerio Público, mediante acta número 001, del 22 de enero pasado, para prestar sus servicios de monitoreo mediante la colocación de localizadores electrónicos a personas sujetas a esa medida de coerción.
Nota de Ramón Bemzan
Via listindiario
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