Los planteamientos fueron expuestos a nombre del PRM por su presidente, Andrés Bautista, el secretario general, Jesús Vásquez, Orlando Jorge Mera, presidente en Funciones, Roberto Fulcar, director de Campaña, Eligio Jáquez, director de gabinete, José Marte Piantini, delegado ante la JCE, y otros dirigentes.
Plantea el PRM que sus delegados y personal técnico estuvieron presentes en todos los colegios electorales, y luego de reunir pruebas y evidencias escritas, gráficas y audiovisuales, “podemos concluir afirmando que El simulacro de la JCE fue un fracaso que evidenció las deficiencias y preocupaciones expresadas por la oposición, incluido el PRM”.
Agregan que el fracaso del simulacro confirma que además de estar sustentadas en la legalidad, son justas y pertinentes las solicitudes de la oposición, personalidades y entidades de la sociedad civil para que la JCE revise su Resolución 64/16 sobre escrutinio electrónico, y emita una nueva resolución cumpliendo con la Ley Electoral que dispone el conteo manual de votos conforme a los artículos 126, 127 y 133.
“Del conjunto de fallas y deficiencias que observamos del proceso, muchas de las cuales han sido recogidas por la prensa escrita y televisiva de hoy, así como por observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), señalamos las siguientes, completadas con un resumen técnico ejecutivo anexo”:
1.- El simulacro comenzó con mucho retraso en todo el país. Sólo presentándose el Auxiliar Técnico, función que no existe en la Ley Electoral, y sin la presencia del presidente y el secretario del Colegio Electoral, conforme mandaba la “Guía del Simulacro Nacional” de la propia JCE.
2.- Hubo colegios electorales en los que el simulacro no se pudo celebrar, porque nunca llegó la representación de la JCE.
3.- Hubo colegios electorales en donde la Unidad de Registro y la Unidad de Escrutinio pertenecían a colegios diferentes.
4.- En violación a la propia “Guía del Simulacro Nacional”, el personal de la Junta Central Electoral llegó con cédulas “preseleccionadas”, y en los casos de personas que votaban en ese colegio, cuando se introducían sus cédulas, el dispositivo marcaba “error”, y había que introducirlas manualmente.
5.- Durante el proceso de votación, las boletas marcadas no eran reconocidas por la Unidad de Escrutinio, lo que impedía que el dispositivo las pudiera contabilizar.
6.- Los votos eran sumados incorrectamente por la Unidad de Escrutinio, no correspondiendo con la totalidad de boletas existentes.
7.- Las causales de nulidad de las boletas no eran descifradas por la Unidad de Escrutinio, explicando el Técnico Auxiliar que la definición de validez o no de esa boleta estaba a cargo del Presidente del Colegio.
8.- En todo el proceso quedó evidente que tanto la Unidad de Registro como la Unidad de Escrutinio están sujetas a la decisión particular del Técnico Auxiliar, quien puede constituirse en “ley, batuta y constitución”, por encima de las funciones legales del presidente y del secretario de los colegios, pese a que la función del Técnico Auxiliar no está definida ni creada por la ley.
9.- A pesar de que la “Guía del Simulacro Electoral” dice que uno de sus objetivos es ahorrar tiempo en el proceso, se evidenció la ausencia de capacidad y habilidad para asegurar que el proceso pueda ser eficiente y certero.
10.- Hubo colegios en los que la transmisión de los datos fue deficiente, por no existir la cobertura 3G.
Hay múltiples evidencias de fallas, igualmente graves, de lo que sucedió ayer.
Por eso, ahora, el presidente de la JCE dice que lo de ayer no fue un simulacro, pero resulta que su propio instructivo emanado del organismo, así lo tituló: “Guía del Simulacro Nacional”.
El PRM afirma que más grave, y por demás inaceptables, son las declaraciones del presidente de la JCE de que “lo que ocurrió no es lo que ocurrirá el día de las elecciones”. El deber del Presidente de la Junta, así como de sus miembros y funcionarios, es cumplir con la Ley Electoral, y evitarle al país la intranquilidad que puede generar un resultado que cuestione la legitimidad de las autoridades electas y vulnere las bases en que debe sustentarse nuestro sistema democrático.
“Estamos a tiempo. Por eso, el PRM reitera y solicita que la Junta Central Electoral conozca y decida el recurso de revisión sometido en contra de la Resolución No.64/16 para que deje sin efecto la indicada Resolución por no ceñirse al mandato de la Ley 275/97, en sus artículos 113, 114, 115, 116, 118, 120, 126, 127, 133 y 135, y en consecuencia, emita una nueva resolución apegada a la ley que dispone el conteo manual del sufragio y paralelamente un conteo automatizado que permita confirmar los resultados en la totalidad de los colegios electorales”, puntualiza.
“Al país le ha costado mucho sacrificio construir lo que hemos alcanzado como democracia, con sus virtudes y defectos. La JCE tiene la oportunidad de evitar un mayor deterioro de nuestras instituciones, que pudiera conllevar desasosiego e intranquilidad en un proceso complejo que incluye tres niveles de elección.
Afirmaron que no descansarán hasta que sean establecidos los mecanismos y controles que garanticen al electorado nacional se cuente cada voto el día 15 de mayo.
“Hacemos un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional, así como a los observadores internacionales ya presentes en el país, advirtiendo que el empecinamiento del Presidente de la JCE, de imponer un nuevo sistema de escrutinio, en violación a la Ley Electoral, y sin que a todas luces ni la misma JCE esté condiciones de aplicar adecuadamente ese nuevo sistema, podría llevar al país a un trauma postelectoral de graves consecuencias, para la estabilidad, la paz y la propia democracia dominicana”, concluyó la declaración.
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