Guido pide investiguen políticos dominicanos por caso papeles de Panamá

El doctor Guido Gómez Mazara solicitó a la procuraduría general de la república poner en movimiento la acción pública para determinar si entre las 486 empresas, los 57 clientes, 67 beneficiarios y 192 accionistas del caso conocido como Papeles de Panamá aparecen los nombres de políticos y funcionarios que en los últimos veinte años han desempeñado posiciones administrativas y no pueden justificar montos de dinero que allí podrían aparecer.

El dirigente del PRD sostuvo que existen los instrumentos legales para iniciar las averiguaciones de lugar, porque la Constitución en su artículo 169, el código procesal penal en el artículo 88 y la ley orgánica del Ministerio Público en sus artículos 1 y 10, definen con claridad las líneas a seguir procesalmente para llegar hasta las últimas consecuencias y percatarse de cómo ciudadanos que no pueden justificar operaciones financieras utilizaron su paso y/o ejercicio de poder para un proceso de acumulación indecente.

Para el abogado y profesor universitario, la estructuración de compañias offshore no constituye ningún hecho gravoso sino el uso de sombrilla protectora de prácticas para el blanqueo de capitales y guarida de fondos obtenidos mediantes saqueo de fondos públicos.

Resaltó que el caso ha puesto en evidencia una altísima cantidad de miembros de la clase política mundial que utilizaron el esquema financiero panameño como receptor de dinero y ahora con el destape del bufete Mosack Fonseca están en el ojo ciudadano.

Gómez Mazara estableció que los requerimientos de transparencia impulsados por sectores de la sociedad civil y dirigentes con sentido de responsabilidad ética han ido ganado la batalla a los niveles de complicidad y ocultamiento de conductas impúdicas que por años controlan el poder político ejerciendo una enorme vocación para transferir fondos públicos en bolsillos privados, sin ningún tipo de consecuencias en el orden penal.

En ese mismo orden, recordó que tanto el blindaje judicial como la existencia de un ministerio público y miembros del poder judicial asociados a la tolerancia frente a los actos de corrupción tienen de contrapeso a instancias que, similar al Consorcio Internacional de Periodistas, están contribuyendo a que la ciudadanía abra los ojos y comience a ejercer condenas ciudadanas respecto de sectores resistentes a traducir a la acción de la justicia los actos de corrupción.

El dirigente perredeista depositó por ante la procuraduría general de la república un poder especial para que, en su caso y por haber ejercido una función pública, se activen todos los mecanismos legales para auscultar transacciones jurídicas y operaciones financieras donde aparezca su nombre o el de sus allegados, y se llegue hasta las últimas consecuencias debido a que llegó la hora de que cada actor político haga su contribución al proceso de adecentamiento poniendo distancia de prácticas cuestionables y sometiéndose a cualquier tipo de escrutinio.

Via acento