Manifestó que ninguna resolución administrativa puede deshacer la obligación del pago de un impuesto, por lo tanto, cualquier exención que no esté amparada en la ley está violando la Constitución.
“Lo que se dio por encima de la ley tiene que ser cuenta por cobrar o hay que hacer una corrección de la propia ley, porque esos impuestos no se pueden dejar de pagar porque lo diga un ministro en una resolución”, enfatizó.
Mafia de combustibles
El legislador expresó que el mecanismo de asignación de las cuotas de combustibles exonerados ha sido poco transparente y se ha manejado con mucha discrecionalidad.
Explicó que gran parte de las exoneraciones la reciben por contrato los generadores eléctricos y empresas constructoras de proyectos viales.
En ese caso, dijo, que no hay ningún inconveniente porque esos convenios pasaron por el Congreso Nacional.
El problema está en los industriales y los sindicatos que reciben ese privilegio, muchos de los cuales, asegura, le están dando “mala aplicación” en perjuicio del Estado y a favor de su propio enriquecimiento.
“Tendrá que discutirse sobre qué criterios se están dando las exoneraciones, porque hay sectores que se están enriqueciendo con los impuestos dejados de pagar, convirtiéndolos en un beneficio adicional”, dijo.
El legislador recalcó que se ha producido un mercado informal como consecuencia del trasiego de combustibles exonerados.
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