Un reportaje del periódico The New York Times, escrito por Benjamin Weiseraug, narra el drama de un imputado que decidió colaborar con la justicia de Estados Unidos, y ahora se siente traicionado y el peligro de muerte.
Bajo el título Tensión por deportación de un asesino convertido en delator Benjamin Weiseraug, explica que el dominicano Miguel Féliz, detenido en una cárcel de Nueva Jersey, ayudó a condenar a su jefe en una red de narcotráfico y a resolver casos de homicidios, y ahora podría ser enviado a República Dominicana sin ninguna protección.
“En una celda de un centro de detención de Nueva Jersey, Miguel Feliz espera lo que teme que será su destino. Si el gobierno tiene éxito en deportarlo a su tierra natal, la República Dominicana, él cree que ya pueden darlo por muerto”, explica el reportaje.
Agrega que la única esperanza, según confiesa el propio Féliz, es obligar a los funcionarios del gobierno a recordar lo que hizo por ellos, para que honren su palabra.
“Féliz, de 50 años, ha tenido una vida complicada. Trabajó en haciendo cumplir la ley en la República Dominicana, pero cambió lealtades en Nueva York. Se unió a una pandilla dominicana, traficó crack de cocaína y ayudó a llevar a cabo asesinatos por contrato en las calles de Harlem”, indica.
Pero después de su arresto, se convirtió en un testigo extraordinario del gobierno de los Estados Unidos, al declararse culpable y ayudar a las autoridades a resolver unos 30 homicidios, en algunos de los cuales él había participado.
Testificó en tres procesos; y proporcionó lo que un agente de la Oficina Federal de Investigación llamó “la cooperación más impresionante que he visto”.
“Es por esto que los investigadores tienen problemas para conseguir testigos para los enjuiciamientos. El gobierno hace promesas que no puede cumplir o no tiene intención de cumplir”, detalla el reportaje.
Las autoridades federales policiales le aseguraron a Feliz que harían todo lo posible para evitar que fuera enviado de regreso a la República Dominicana después de haber completado su condena, incluyendo la búsqueda de una visa S especial, conocida coloquialmente como una “visa switch”, que podría permitirle permanecer en los Estados Unidos.
“Mi instinto me dice que, si vuelve, probablemente será asesinado”, dijo el agente del FBI Brian O’Rourke, al testificar en una audiencia de inmigración.
Feliz llegó a ganarse el apoyo de la juez federal en su caso, que escribió el año pasado a la fiscalía de Manhattan preguntando por qué “no se está haciendo nada más para ayudar a este valioso testigo”.
Feliz, quien completó su sentencia hace más de tres años, fue trasladado recientemente a la custodia de inmigración en la cárcel del condado de Bergen, en North Jersey, y dijo que podía ser deportado en cualquier momento. El FBI solicitó que se aplazara la deportación, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, lo rechazaron en junio.
“¿Cómo lo explico?”, dijo Feliz en una reciente entrevista desde la cárcel. “Yo cumplí mi parte del acuerdo, mi parte de la colaboración, en todos los sentidos”.
Y añadió: “El gobierno no hizo lo correcto en mi caso”.
El debate sobre su destino, que se producen casi en su totalidad fuera de la vista pública, pone de relieve una situación poco común, pero difícil para los funcionarios de la justicia penal: cómo manejar a los delincuentes que buscan protección contra la deportación después de haber proporcionado una importante cooperación al gobierno.
Feliz comenzó su carrera como oficial de la policía y sargento en la República Dominicana, en la investigación de la falsificación de dinero y tarjetas de crédito fraudulentas. Alrededor de 1990, cuando aún estaba en sus 20 años, renunció y decidió ir a Nueva York para reunirse con otro dominicano, José Erbo, que dirigía una banda de narcotraficantes en Harlem.
Utilizando las conexiones de Erbo, declaró Feliz, él fue introducido de contrabando en el maletero de un coche al otro lado de la frontera de Texas, y trasladado en avión a Nueva York. Primero trabajó para Erbo contando las ganancias de las ventas de drogas, y ascendió para convertirse en su segundo al mando y hombre de confianza, dijeron los fiscales.
La pandilla de Erbo montó una fábrica y una red de distribución de cocaína, torturó y mató a traficantes de drogas rivales e incluso asumió contratos de asesinato de otras pandillas, según las autoridades. La banda solía utilizar sicarios que viajaban hasta sus objetivos en motocicletas, y fue responsable de unos 70 asesinatos, incluyendo informantes del gobierno, dijeron las autoridades.
En su testimonio en el juicio y en la entrevista, no minimizó su culpabilidad. Declaró que él fue el que disparó en una matanza, y colaboró en otras doce.
Después de su arresto en 1998, Feliz decidió cambiar de bando. Expresó que le dijeron que otros informaban sobre él y que se enfrentaba a una larga pena de prisión. Y que también pensó en su familia.
“La única manera que puedo salvar un pedacito de mi vida es mediante la aceptación de esta colaboración que el gobierno me está ofreciendo”, recordó en la entrevista.
Su cooperación llevó a las acusaciones de Erbo y de tres de sus colaboradores. Los asociados se declararon culpables y recibieron largas penas de prisión, mientras que Erbo, que había huido a la República Dominicana, fue extraditado, juzgado y condenado en 2002 por estar involucrado en nueve asesinatos y otros delitos. El juez Harold Baer Jr. impuso seis cadenas perpetuas consecutivas, más 45 años.
“El noventa por ciento de ese caso fue Miguel Feliz”, recordó Bennett Alcaparras, uno de los fiscales y ahora un profesor de la Escuela de Leyes de Brooklyn. “Él fue tan valioso porque tenía rara información privilegiada que habría sido imposible de conseguir, a no ser de de alguien tan arriba en la organización”.
En marzo de 2007, Feliz, quien había estado encarcelado durante toda su cooperación, apareció para la sentencia. Un fiscal, Helen V. Cantwell, pidió al juez Baer clemencia para Feliz, quien enfrentaba una pena de cadena perpetua.
“El Gobierno entiende que el tribunal no puede -y no debe- ignorar la amplitud y depravación de los delitos de Feliz”, escribió. “Este registro atroz, sin embargo, se debe equilibrar de alguna manera, por el número de asesinos llevados ante la justicia como resultado de la cooperación de Feliz”.
“Dígame”, pidió el juez Baer a la Sra. Cantwell en los tribunales: “En una escala del 1 al 5 -5 es el más importante, así como el más sincero cooperador- ¿dónde pondría a Feliz?”
“Lo colocaría en el 5”, respondió Cantwell.
Féliz fue condenado a 15 años; con el crédito por buen comportamiento, debía haber terminado su sanción en 2011.
Durante la audiencia, el juez Baer le preguntó a Cantwell acerca de la protección para el Sr. Féliz. Ella dijo que el gobierno vería el programa de protección de testigos o conseguirle a Féliz la visa S para que pudiera mantenerse en el país.
Féliz rechazó la protección de testigos porque dijo que habría dificultado el acceso a sus dos hijos. Dijo que los fiscales luego dijeron que le ayudarían a obtener la visa S, que la ley federal permite para los informantes que suministran información crítica y confiable en las investigaciones criminales o terroristas.
James Cerven, un sargento detective de la policía ya retirado involucrado en el caso, recordó y que le dijo a Féliz que él y otros miembros del equipo de investigación harían “todo lo posible para hablar con quien tengamos que hablar” para ayudarle a conseguir la visa. “No estábamos haciendo esto para ser agradable”, agregó Cerven. “Lo estamos haciendo para ser justos”.
De hecho, los documentos sugieren que agentes del FBI, detectives y fiscales trabajaron durante años por la obtención de la visa para Féliz. En una audiencia de 2009 de inmigración, por ejemplo, un abogado del Departamento de Seguridad Nacional dijo que al discutir el caso con la oficina del fiscal de Estados Unidos, dejaron claro que estaban “sin duda pensando en seguir adelante con la visa S”.
Ya en 2008, Féliz le escribió al juez Baer, y le dijo que un funcionario de inmigración le había dicho que al término de su condena sería deportado a la República Dominicana.
“Pero seguramente me van a matar cuando llegue”, escribió Feliz, citando a “las familias de las víctimas y de las personas en contra de los cuales testificó”.
El juez Baer, en una nota a los fiscales, escribió: “Por favor, miren si pueden hacer algo por este hombre. Él de veras que cooperó y testificó”.
No obstante, se ordenó la deportación de Féliz por un juez de inmigración en noviembre de 2010, dijo un portavoz de Inmigración y Aduanas, y agregó que, desde entonces, la agencia no tiene constancia de la recepción de una solicitud de visado S para el Sr. Féliz.
Un ex fiscal federal, Eric Snyder, dijo que no todo informante es un candidato ideal para una visa S. “Él va a estar viviendo abiertamente en la sociedad, en el barrio de alguien”, dijo Snyder, haciendo hincapié en que él no tenía ninguna relación con el caso Feliz, y que estaba hablando en general. “Sigue siendo la misma persona que mató a 15 personas”.
Féliz comenzó a escribir con más frecuencia al juez, contando sobre su cooperación y temores, y tomando nota de que había sido colocado en una unidad especial para protegerlo de otra pandilla dominicana, los Trinitarios, después que se corrió la voz acerca de su papel.
En la correspondencia posterior, un fiscal, Todd Blanche, expresó su optimismo al juez Baer con que Féliz obtendría una visa S; una nota de seguimiento, sin embargo, advirtió que “por causa del historial de violencia del señor Féliz, el proceso de toma de decisiones ha tomado un tiempo considerable”.
A finales de diciembre, el juez Baer escribió directamente a Preet Bharara, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
“Sé que el Departamento de Seguridad Nacional no es la pistola más rápida del Oeste”, dijo el juez Baer en su carta, “pero sí me parece que usted o yo deberíamos estar tratando de resolver la difícil situación del Sr. Féliz”. Y añadió: “Tal vez usted puede probar su destreza”.
En marzo, Blanche escribió al secretario del juez Baer, sugiriendo que el tema sería resuelto pronto, “esperando que el Sr. Féliz consiga una visa y sea liberado”. Pero no se obtuvo la visa. A finales de mayo, Feliz perdió un defensor importante cuando el juez Baer, de 81 años, murió por complicaciones con una caída en su casa de Fire Island Pines, NY
Para Féliz, la incertidumbre persiste. En la cárcel, dijo, ha tomado cursos de inglés y otras materias. “Lo que tengo que hacer es tratar de hacerme una vida”, dijo. “El mal ya pasó. Sé que hice cosas malas. He pagado por eso. Soy una persona diferente”.
Un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos, dijo la semana pasada que “los fiscales y sus socios policiales continúan trabajando en conjunto con el ICE y tienen la esperanza de que al señor Féliz todavía se le puede otorgar una visa S.”
Y añadió: “Ese proceso continúa”.
Un portavoz de inmigración, dijo que el Féliz seguía enfrentando la deportación.
Por Ivan Pérez Carrión
Via acento.com.do
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