25 de abril de 2014

Abogado de Cristian “El Matatán” denuncia deterioro de inmuebles de su defendido

El representante legal de Cristian Pozo Mojica ¨El Matatan¨, dijo que los bienes de su defendido han sido dilapidados e indica que personas desconocidas han sustraído puertas e inodoros sin que la autoridad lo evite.

Manifestó que su cliente tiene más de 20 años ligado al comercio y que solo en venta de cervezas comercializó más de 40 millones de pesos en los últimos años.

Tomás Alberto Lorenzo dijo la Procuraduría informó en algunos medios de comunicación que esos bienes incautados ascienden a la suma de 40 millones y que sin embargo, no se observó que los mismos se encuentran en la ribera del río Nigua y en consecuencia su valor es mucho menor que lo que se indica.

Señaló además que han incautado bienes que no son de su pertenencia, afectando personas ajenas a su cliente.


El jurista dijo que a raíz del apresamiento en febrero de este año del presunto narcotraficante Cristian Pozo Mojíca, el Ministerio Público procedió a la incautación de los bienes que supuestamente pertenecen al Detenido, dicho bienes quedaron en custodia y protección de la Fiscalía de San Cristóbal, sin embargo a dos meses los mismo presentan un deterioro progresivo, por lo que ha dicho que “vándalos le han sustraído puertas, ventanas, inodoros, instalaciones eléctricas entre otros”, luciendo todo en total abandono.


Con el paso de la autoridad dijo Lorenzo, es visible la violencia con que se efectuaron los allanamientos e incautaciones como se muestra en las imágenes.


“La autoridades habían anunciado que dichos bienes ascendían a la suma de 40, millones de pesos, sin embargo las imágenes que se muestran dicen todo lo contrario, el hacinamiento, la pobreza que lo rodea dista de tal afirmación, siendo lo más destacable que estos se encuentran a la orilla del Río nigua”.


Reitero diciendo “Tenemos la información de que supuestamente el Ministerio Público pretende usar las propiedades incautadas en provecho propio, para instalar oficinas de la fiscalía local y de la DNCD, sin que haya una sentencia definitiva que ordene su decomiso, tal y como lo establece la ley 72- 00.

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