Pérez, de 51 años y de origen dominicano, ha dirigido la División de Derechos Humanos del Departamento de Justicia desde 2009 y anteriormente fue el secretario de Trabajo en el estado de Maryland.
Se espera que reciba un respaldo firme de los sindicatos y de la comunidad hispana, que desea verse representada en el gabinete de Obama.
Su nombramiento podría hacerse oficial este lunes, dijeron las personas familiarizadas con el proceso de selección.
Ellas hablaron el sábado bajo condición de no ser identificadas porque aún no se ha hecho el anuncio oficial. El portavoz de la Casa Blanca Matt Lehrich declinó hacer declaraciones.
De ser nominado y confirmado, Pérez sustituirá a Hilda Solís, quien renunció en enero para regresar a su estado natal de California.
Pérez fue el primer latino elegido para al Concejo del condado de Montgomery en Maryland, donde sirvió de 2002 a 2006.
Pérez llegaría al Departamento de Trabajo mientras Obama impulsa una reforma migratoria amplia, que podría incluir cambios en cómo los empleadores contratan a trabajadores extranjeros.
Los funcionarios del Departamento de Trabajo también han tenido un papel destacado en apoyar los esfuerzos de Obama para aumentar el salario mínimo federal, de $7.25 a $9 la hora.
En el Departamento de Justicia, Pérez tuvo un papel clave en la decisión de impugnar leyes que buscaban que los votantes en Texas y Carolina del Sur contaran con identificación oficial, algo que podría haber restringido el derecho de voto de las minorías. Un tribunal federal revocó posteriormente la ley de Texas y retrasó la aplicación de la ley de Carolina del Sur hasta después de las elecciones de 2012.
El Senado confirmó fácilmente a Pérez para su cargo en el Departamento de Justicia, pero desde entonces, algunos legisladores republicanos lo han criticado por su papel en persuadir a la alcaldía de St. Paul, en Minnesota, para que retirara una demanda entablada ante la Corte Suprema de Justicia. A cambio, el Departamento de Justicia se abstuvo de unirse a dos juicios contra St. Paul que podrían haber devuelto millones de dólares al gobierno federal en daños y perjuicios.
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