Según evaluaciones de los organismos de inteligencia de la Policía Nacional, el hurto de piezas metálicas que afecta a las estructuras viales se ha convertido en algo más que una amenaza para la seguridad ciudadana.
Y hoy constituye un riesgo para la misma protección del Estado, pues el inminente colapso de muchos de ellos podría limitar la capacidad de acción de los organismos castrenses en situaciones de alerta general.
El informe llegó a la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados luego de que el legislador Elpidio Báez convocara una reunión con el objetivo de mejorar la vigilancia del capitalino puente Juan Pablo Duarte, cuyos cables de tensión fueron robados recientemente.
Para sorpresa de los legisladores, los representantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía demostraron que las agresiones al Duarte son más graves de lo que los medios de comunicación han podido constatar: además de los cables, al puente le robaron parte de las barras metálicas de estabilidad instaladas en la base con el fin de evitar las vibraciones y el desplome de la plataforma.
El fenómeno se repite en otras importantes ciudades del país.
"El problema es que se atrapa el ladrón y se lleva a los tribunales.
Pero le cogen pena, a un ladrón que está atentando contra la seguridad, que está atentando contra un puente del país, que es un asunto tan importante", declara el diputado por La Romana Pedro Botello, colocándose del lado de los congresistas y oficiales policiales que opinan que la justicia está siendo venal con los ladrones de piezas metálicas.
La misma queja la sostiene el general de brigada Ney Bautista Almonte, director de Inteligencia de la Policía.
Bautista Almonte dice, con "pena", que en lo que va de año han sido enviadas a la justicia 110 personas acusadas de robar metales, y otras 40 sospechosas de comercializar con las partes hurtadas. Del grupo de 140, sólo un individuo fue penalizado.
Ante la queja del oficial, la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja acordó convocar a una reunión al procurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, "no para que bajen línea" a los miembros de sus instituciones, sino para que compartan la inquietud de los organismos de persecución del delito.
Fuente/Diariodominicano.cim
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