Los miembros del ministerio público requeridos por los investigadores judiciales, policiales y militares son los magistrados Grimilda Disla, Wilfredo Martínez y Ramón Núñez Liriano, quienes han laborado de manera rotatoria en la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, donde se destapó un escándalo de corrupción en el que han sido involucrados cerca de 30 oficiales y agentes de menor grado.
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