19 de diciembre de 2017

Dijeron que llevaban gasolina de Venezuela a Guatemala, pero su barco tenía más de 1,500 kilos de cocaína

Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron declarados culpables de intentar contrabandear un lote de 1,500 kilogramos de cocaína valorado en $45 millones, en un buque petrolero con el nombre “Fat Crow” [“Cuervo gordo”].

De acuerdo con los documentos de la corte federal en Tampa, Gustavo Enrique Llanos Miranda, de 62 años, y Jair Mendoza Montoya, de 49, se encontraban a bordo de la embarcación cuando esta fue interceptada el 24 de agosto del 2017 por oficiales de la Guardia Costera a 200 millas al sureste de Jamaica.
El buque fue considerado sospechoso por las autoridades debido a que no estaba emitiendo su información con el sistema de identificación automática, tal y como es requerido, y además mantenía un curso y una velocidad “inconsistente con el resto del tráfico comercial”.

Cuando fueron confrontados por las autoridades, los tripulantes indicaron que el barco transportaba combustible de Venezuela a Guatemala.

Durante una inspección exhaustiva, los agentes descubrieron 1,503 kilogramos de cocaína en un compartimiento secreto que había sido construido en la proa del buque especialmente para este propósito.

Ambos colombianos y otros tripulantes de la embarcación habían participado en extensas negociaciones con el representante de un cartel de drogas sobre los detalles del contrabando de la cocaína, afirma la declaración jurada presentada en la corte.

Llanos podría recibir una condena mínima de 20 años de prisión, mientras que Mendoza podría ser sentenciado a 10 años. Las audiencias para la sentencia se iniciarán el 20 de marzo del 2018 en Tampa.

Los otros cinco tripulantes del “Fat Crow”: Martín Barrios León, Óscar Herrera Venera, Francisco Bolaños, Mario Acuna García y Eduardo Chacín Villarroel, se declararon culpables previamente. Este grupo estaría conformado por ciudadanos venezolanos, colombianos y peruanos.

El barco tenía registro del país africano de Tongo, aunque el documento había sido cancelado dos semanas antes de la incautación.
Fuente Nuevoherald

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