24 de mayo de 2017

Aprueban poner más impuestos a las llamadas telefonicas; el gobierno recibirá 300 millones de pesos

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, que busca fijar una tasa de 20 pesos mensuales a la llamdas internacionales con los fines de recaudar fondos para el 9-1-1, la cual pasará ahora al Senado de la República.

La iniciativa busca que las prestadoras paguen cero con dos centésimas de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$0.02) o su equivalente en pesos dominicanos, según la tasa establecida por el Banco Central de la República Dominicana. También “un monto fijo de US$0.0025 dólares al día de la recepción del mensaje, por cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en sus redes”.

El Diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Napoleón López Rodríguez manifestó que los impuestos que están colocando va hacer manejado ilegalmente por el Ministerio de la Presidencia que está a cargo de Gustavo Montalvo.

El bloque del PRM, rechazó rotundamente que Montalvo maneje unos 300 millones de pesos porque el ministerio no es una oficina recaudadora y Montalvo no tiene calidad para manejar todo el dinero que va generar dichos impuestos.

“Es contraproducente, no lo vemos con buenos ojos y votamos desfavorable de que se le coloque nuevos impuestos a esa diáspora dominicana para las llamadas internacionales. Fue aprobado, en virtud de que ellos tienen una mayoría aplastante, pero hasta el mismo INDOTEL se opone, porque eso es gravar más la economía de los dominicanos que están fajados en otro país”.

La iniciativa fue acogida en segunda lectura con 101 de los congresistas del Partido de Liberación Dominicana (PLD) y aliados; Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y 37 votos en contra de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, con las reformas que introdujo el creador de la ley, el diputado Elías Serulle, el Sistema Nacional de Emergencias dependerá permanentemente del Ministerio de la Presidencia y no de Interior y Policía como establece la vigente legislación.

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